- Coinciden en establecer un tipo penal específico para enfrentar la problemática
El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, subrayó la necesidad de tener una respuesta firme, a través de la legislación, contra quienes reclutan y utilizan a otras personas para cometer delitos, principalmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes.
En el foro “De la protección a la acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado”, el legislador indicó que la tarea consiste en proponer un tipo penal para esa conducta, definir sus elementos, establecer las agravantes correspondientes y asegurar la armonización con el marco jurídico vigente.
Aseguró que el sentido del encuentro es que a partir de las aportaciones se enriquezca una propuesta legislativa seria, con sustento técnico y metodológico para transformar una preocupación social en una herramienta jurídica que permita actuar con mayor claridad y eficacia, porque el reclutamiento criminal no puede entenderse solo como un problema de seguridad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Reyna Celeste Ascencio Ortega, señaló que nadie en su niñez o adolescencia debe ser utilizado por la delincuencia. “No podemos permitir que quienes debieran estar en el estudio, con sus familias y construyendo sus sueños, sean convertidos en instrumentos de organizaciones criminales”.
En su turno, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Laura Esquivel Torres, advirtió que el reclutamiento del crimen inicia con la promesa de pertenecer a algo y es justamente lo que se tiene que atajar, es decir, brindar herramientas y opciones para que las infancias tengan la posibilidad de una vida saludable.
Por su parte, el director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Jorge Nader Kuri, dijo que la institución respalda la tipificación autónoma del reclutamiento ilícito de personas, porque “la consideramos una respuesta sustentada en evidencia y orientada hacia los derechos humanos”.
A su vez, el director de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Jorge Andrade Contreras, consideró que, para evitar el reclutamiento, además del derecho penal, se requiere prevención, detección temprana, intervención en comunidades y entornos digitales seguros.
En su turno, el especialista en protección a la infancia de UNICEF México, Juan Pablo Rodríguez, explicó que el reclutamiento no es un problema individual, sino uno público e involucra a la niñez, como víctimas, pero también a las comunidades, por el debilitamiento del tejido social, lo que supone un reto mayor para el Estado