- IEPS por diferencias no justificadas
- Huachicol fiscal, sin candados
- De fintechs a bancos, la opción: Fitch
- Ni oficialismo ni oposición: CCE
Agustín Vargas *
Ante el cúmulo de aumentos en el cobro de derechos y servicios que proporciona el gobierno federal, en 2027 se avecina también una cascada de incrementos en el nivel de deuda pública, así como mayores medidas de control para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, o sea mayor fiscalización.
El pasado lunes, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, aprobó la Ley Federal de Derechos 2027, en donde se establecen incrementos al costo de visas, navegación aérea, turismo extranjero y en el sector salud privado. Todo lo cual, por supuesto, con cargo a los consumidores.
En línea con esto, ayer mismo la mencionada comisión legislativa aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación, en la cual se estima que el gobierno recaudará en 2027 10 billones 636 mil 448.1 millones de pesos.
Con 28 votos a favor, 8 votos en contra y cero abstenciones se avaló en lo general y particular el proyecto, que prevé el precio del barril de petróleo en 61.8 dólares y un tipo de cambio promedio de 17.9 pesos por dólar.
La propuesta contempla ingresos tributarios por seis billones 263 mil 886.8 millones de pesos y una recaudación federal participable de cinco billones 722 mil 752 millones de pesos.
Además, prevé un monto de endeudamiento neto interno por un billón 700 mil millones de pesos, y un monto neto externo de endeudamiento de 13 mil 500 millones de dólares
El dictamen indica que el objetivo de la Ley de Ingresos de la Federación es asegurar los recursos necesarios para el desarrollo económico y social del país, fortaleciendo la recaudación mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales, eficiencia administrativa y combate a la evasión y elusión fiscal.
Además, preserva la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas al no proponer la creación de nuevos impuestos ni incrementar las tasas generales de los ya existentes, brindando certeza a los contribuyentes y coadyuvando a mantener un entorno favorable para la inversión, el crecimiento económico y el bienestar de la población.
Hauchicol fiscal y IEPS
Mención aparte merece el supuesto combate al huahicol fiscal que se plantea en el dictamen, lo cual generó cuestionamientos de la oposición y dudas sobre la efectividad de las medidas planteadas.
Y es que para combatir al huachicol fiscal, se establece como única medida el pago del Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS) por diferencias no justificadas entre la adquisición y enajenación de combustibles, automotrices y fósiles, gasolina y diésel, sin acreditamiento o disminución alguna
Expresa que el proyecto de dictamen representa una herramienta para profundizar el combate al llamado huachicol fiscal, a la simulación documental, introducción irregular de combustibles y a los mecanismos que durante años afectaron la recaudación distorsionaron la competencia y dañaron las finanzas públicas.
Lo que se busca con el proyecto es que cada litro comercializado tenga trazabilidad, que cada operación tenga sustento y que cada contribuyente aporte lo que la ley establece. “Se trata de fortalecer el Estado de derecho, proteger a quienes compiten legalmente, cerrar espacios a la corrupción y asegurar que los recursos públicos lleguen a donde deben llegar”, puntualiza.
Lo que es un hecho, y así lo hicieron notar legisladores de PAN, en voz de Federico Döring, es que la Ley de Ingresos 2027 no trae candados al huachicol fiscal, como se pretende hacer creer.
De fintechs a bancos, la opción: Fitch
De acuerdo con la calificadora Fitch Ratings, que en México y América Latina dirige Carlos Fiorillo, el obtener una licencia bancaria se ha convertido en una opción para que las fintechs mexicanas obtengan mayor financiamiento, expandir sus productos y aumentar la confianza de sus clientes.
Destaca que los modelos digitales han acelerado la inclusión financiera y mejorado la experiencia entre los usuarios, sobre todo entre los jóvenes urbanos, pero registran brechas significativas en el acceso en las zonas rurales y entre la población de mayor edad que continúan prefiriendo las sucursales y las transacciones en efectivo.
Las licencias bancarias, señala la calificadora, también brindan acceso a seguros de depósitos con límites de cobertura más altos y respaldan un financiamiento más estable y de menor costo en comparación con los modelos no bancarios. Sin embargo, la transición a una entidad regulada conlleva mayores costos, requisitos de capital y complejidad operativa. Estos factores a menudo retrasan la obtención de licencias hasta que las fintechs alcancen la escala y madurez suficientes.
Es en este contexto, que la Fintech Finsus, que el banquero Norman Hagemeister Rey, guía y preside su Consejo de Administración, se encuentra en espera de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Angel Cabrera, le otorgue la licencia para convertirse en un banco cien por ciento digital.
Recientemente actualizó su información financiera y corporativa ante la autoridad. Cabe destacar que ya supera en capital contable a algunos bancos con más de 4 mil 195 millones de pesos, y en los últimos 12 meses alcanzó la rentabilidad, mejoró sus perspectivas de calificación y fortaleció la calidad de su cartera.
Ni oficialismo ni oposición: CCE
La declaración de José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ante la presidenta Claudia Sheinbaum, de que ese organismo “no es oficialismo y no es oposición, somos institución”, despertó la suspicacia entre algunos de los asistentes al festejo del 50 aniversario de dicha institución, cúpula del sector privado del país.
El mensaje de Medina Mora por supuesto fue contundente, en el sentido de que el sector empresarial está en la mejor disposición de colaborar con el gobierno mediante el diálogo para construir acuerdos que impulsen el crecimiento y el desarrollo de México.
“El CCE no es oficialismo y no es oposición, somos institución. Y desde la institución, dialogar no significa renunciar a nuestros puntos de vista, significa encontrar —aun desde las diferencias— coincidencias que nos permitan avanzar”, afirmó.
Y es que el CCE había sido duramente criticado por los propios empresarios, quienes no se sentían representados y menos defendiendo los intereses del sector durante las últimas dos gestiones, la de Carlos Salazar Lomelí y la de Francisco Cervantes Díaz, a quienes siempre se les cuestionó por su pasividad y entreguismo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Quizá por eso y muchas cosas más, es que José Medina Mora trató de hacer la diferencia desde su discurso entre su gestión y la de sus antecesores.
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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx
