Muerte voluntaria, necesaria en México
Javier Divany Bárcenas
Muchas son las voces que demandan que el final de su vida sea una muerte digna y sin obstáculos, y eso sólo será posible en México con la reforma al Artículo 4º Constitucional, para incluir que toda persona tenga derecho a una muerte voluntaria.
El tema ya está nuevamente en la mesa de la Cámara de Diputados donde la morenista Elena Edith Segura Trejo, presentó esta semana una iniciativa para reformar el artículo 4º de la Constitución, quien coloca en el centro del debate la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud.
En la propuesta se establece que una persona mayor de edad, con capacidad para decidir y que enfrente una enfermedad incurable e irreversible, pueda manifestar de manera libre, informada, consciente y reiterada su voluntad respecto del proceso final de su vida.
Elena pone como puntos centrales impedir que la muerte asistida se convierta en consecuencia de la pobreza, el abandono o la falta de atención médica, y antes de cualquier procedimiento, el Estado deberá garantizar medicamentos, cuidados paliativos, tratamiento del dolor, acompañamiento psicológico y atención integral.
La discusión sobre el final de la vida debe abordarse desde una perspectiva constitucional y de derechos humanos, y no exclusivamente desde una perspectiva médica, penal o moral.
El tema ya forma parte de la agenda legislativa, pues está también la llamada Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez y respaldada por más de 128 mil firmas, que propone reformar la Ley General de Salud para legalizar y despenalizar la eutanasia.
Segura Trejo retoma experiencias internacionales de países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Colombia, Ecuador, Australia, Suiza y Uruguay, donde existen distintos modelos para regular las decisiones al final de la vida.
Aunque las enfermedades terminales no son exclusivas de una edad en especial, lo que sí existe son casos cada vez más raros e incurables. Muchas veces llegando a la tercera edad comienzan los achaques que después se convierten en enfermedades graves y ya a una edad avanzada pueden ser terminales.
En el país hay aproximadamente 17.1 millones de adultos mayores, personas de 60 años o más, lo que representa alrededor de 12.8 por ciento de la población, todos ellos con un futuro incierto en materia de salud, lo que los hace pensar sobre el final de sus vidas.
Los números son impactantes, pues de acuerdo a un artículo de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara se estima que en el país hay cerca de 600 mil personas al que año enfrentan enfermedades avanzadas o se encuentran en etapas donde requieren cuidados paliativos por sufrimiento extremo.
El tema también es que en México no existe un censo oficial sobre pacientes en fase terminal, pues ninguna institución médica del gobierno tiene datos exactos sobre enfermedades crónica o degenerativa (como cáncer avanzado, insuficiencia renal o males cardíacos).
Es por ello, que el Congreso de la Unión debe poner énfasis para aprobar una ley que permita una muerte digna o asistida a quienes están sufriendo, que se respete la decisión de las personas que sufre por una etapa terminal, así de igual forma los derechos humanos.
Las propuestas hasta ahora no están tomando en cuenta el derecho de las personas a decidir oportunamente y anticipadamente, lo que significa que, ante el riesgo en el futuro de una enfermedad mental o degenerativa que no le permita decidir, la persona pueda dejar ante notario su decisión.
@javierdivanybz