- Urge replantear la gestión hídrica desde la equidad y el territorio, señalan
La crisis hídrica de México no deriva solo de la reducción de caudales o de la falta de infraestructura, sino de relaciones de poder que determinan quién accede al recurso, en qué cantidad y bajo cuáles condiciones, advirtió el doctor Pablo Castro Domingo, académico de la Unidad Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Durante el coloquio Los retos sobre el agua en México, realizado en el Centro Cultural Casa Rafael Galván, el profesor investigador del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa explicó que el cambio climático agrava la disponibilidad, pero la distribución desigual amplía el conflicto.
Los sectores con mayor influencia suelen obtener concesiones, mientras comunidades, agricultores y poblaciones enfrentan restricciones.
El Estado Mexicano conserva un papel rector en el artículo 27 constitucional. Sin embargo, industrias y empresas agrícolas, autoridades locales y organizaciones comunitarias intervienen en una disputa por el control de manantiales, ríos, pozos y sistemas de abasto.
El proyecto Ejercicio del poder resistencia política disputas y conflictos por el manejo y gestión del agua, estudia cuatro casos: Malinalco e Ixtapan de la Sal, en el Estado de México; San Agustín Etla y una organización integrada por 16 municipios de los Valles Centrales de Oaxaca.
Para él, estos casos de estudio muestran que la movilización social, los recursos legales y los acuerdos pueden modificar decisiones.
En su exposición, el doctor en Antropología Social, reconstruyó el conflicto entre 13 comunidades usuarias del río Tequimilpa y empresarios vinculados con hoteles y balnearios en Ixtapan de la Sal.
Este problema se dio tras una solicitud privada que buscó obtener 238 litros por segundo. Tras la oposición local y una inspección en estiaje, la cifra bajó a 154 litros, frente a 99 destinados a poblados agrícolas y 16 para la cabecera municipal. El caso prueba que la organización redujo el volumen solicitado, aunque no eliminó el desequilibrio.
Por su parte, el doctor Francisco Javier Peña de la Paz, académico de El Colegio de San Luis, propuso pensar el agua como territorio y espacio habitado, no como mercancía ni insumo productivo. Desde esa postura, las transferencias de agua entre cuencas alteran ecosistemas, economías y vínculos sociales, además de concentrar caudales en polos industriales.
El especialista en Antropología Social cuestionó las grandes obras presentadas como única respuesta ante sequías y escasez. A su juicio, proyectos de esa escala favorecen el mando centralizado y desplazan soluciones locales, como la recuperación de humedales, el saneamiento de ríos, el cuidado de manantiales y el abasto cercano.
Mientras que la doctora Diana Birrichaga Gardida, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), revisó el proceso histórico que trasladó atribuciones municipales hacia la Federación. Su análisis vinculó la escasez con desequilibrios institucionales, concesiones, créditos para obra pública y pérdida de facultades comunitarias.
El doctor Víctor Daniel Ávila Akerberg, director del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, presentó acciones de investigación e incidencia para proteger el Bosque de Agua y restaurar la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
En tanto, la doctora Jacinta Palerm Viqueira, del Colegio de Postgraduados, recuperó la trayectoria de los comités rurales y la intervención sanitaria en sistemas de agua potable.
