- La respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal respecto al monto máximo de las pensiones representa un avance muy importante para brindar seguridad jurídica.
- También debe garantizarse que las jubilaciones y pensiones conserven su poder adquisitivo actualizándose conforme a la inflación.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la interpretación emitida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en un oficio el día 24 de junio, sobre la aplicación del artículo 127 de la Constitución, constituye un paso fundamental para brindar certeza a miles de personas jubiladas y pensionadas de las entidades públicas. Sin embargo, sostuvo que ahora es necesario consolidar ese criterio en la ley, para que se elimine cualquier incertidumbre jurídica.
Ramírez Cuéllar destacó que, en buena medida, este avance es resultado de un proceso de diálogo abierto con las organizaciones de personas jubiladas y pensionadas.
Recordó que entre el 29 de mayo y el 8 de junio se realizaron diversas reuniones de trabajo en las que participaron representantes de personas jubiladas de instituciones como Pemex, CFE, Banobras y otros organismos públicos, así como legisladoras y legisladores federales. En esos encuentros se analizaron las inquietudes surgidas tras la entrada en vigor de la reforma constitucional y se construyó una ruta institucional para atenderlas mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones jurídicas.
Como resultado de esos trabajos, se remitió un oficio a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, acompañado de los planteamientos formulados por las organizaciones de personas jubiladas y pensionadas, con el propósito de solicitar una interpretación jurídica que brindara certeza sobre la aplicación de la reforma constitucional. La respuesta emitida por la Consejería Jurídica constituye un paso muy significativo porque reconoce la necesidad de privilegiar un criterio uniforme que preserve la congruencia entre las remuneraciones percibidas durante la vida laboral y las pensiones derivadas de ellas.
El legislador recordó que la Consejería Jurídica concluyó que existe una contradicción interpretativa entre las fracciones II y IV del artículo 127 constitucional, ya que mientras una establece como parámetro la remuneración íntegra de la persona titular del Ejecutivo Federal, la otra hace referencia al cincuenta por ciento de dicha percepción. Ante esa situación, determinó que debe privilegiarse una interpretación que preserve la continuidad entre el salario en activo y la pensión correspondiente, tomando como referencia la totalidad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.
«Esta respuesta representa un paso muy importante porque brinda tranquilidad a miles de personas que manifestaron legítimamente sus preocupaciones” afirmó. Destacó que con esta interpretación, en diversas dependencias, como es el caso de PEMEX, se logró poner fin a aproxidamente un 98% de las afectaciones: “esto demuestra que el diálogo institucional, la apertura y la disposición que han mostrado no sólo diputados y diputadas, sino la Consejería Jurídica y en general el Gobierno Federal, para escuchar, siempre van a producir mejores soluciones», recalcó.
No obstante, el legislador señaló también, que es preciso revisar aquellos casos que aún se ven afectados o exceden el monto establecido, aunque mencionó que, tras el ajuste, no deberían exceder el 3%.
Por otro lado, el vicecoordinador de MORENA expresó que este proceso ofrece la oportunidad de fortalecer el marco jurídico en un aspecto adicional que resulta fundamental para proteger el bienestar de las personas jubiladas y pensionadas. Recordó que desde 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció sus percepciones permanecerían congeladas como parte de la política de austeridad. Sin embargo, se requiere identificar el mecanismo para que los montos de las pensiones se actualicen de manera anual, conforme a la inflación, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales correspondientes, preservando así el poder adquisitivo de quienes ya concluyeron su vida laboral.
Finalmente, Ramírez Cuéllar recordó que, desde el inicio de este proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó la disposición del Gobierno de México para revisar la implementación de la reforma y atender las inquietudes de las personas jubiladas y pensionadas. En ese sentido, consideró que la respuesta emitida por la Consejería Jurídica refleja el compromiso del Gobierno con el diálogo, la justicia social y la protección de los derechos adquiridos.
«Escuchamos a las personas jubiladas, construimos una ruta institucional, obtuvimos una respuesta que brinda certeza y ahora corresponde al Congreso dar el siguiente paso. Vamos a trabajar para que ese criterio quede plasmado en la ley y para garantizar que las jubilaciones y pensiones mantengan su valor frente a la inflación», concluyó.
