Tribunal Colegiado reconoce al IFDP como actor estratégico en la defensa del medio ambiente

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  • El órgano jurisdiccional consideró por unanimidad el interés legítimo del Instituto para promover un amparo contra omisiones de la SEMARNAT en materia de responsabilidad ambiental.

El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), a través de su Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (ULEDH), obtuvo un precedente relevante para la defensa del medio ambiente y el acceso a la justicia, luego de que un Tribunal Colegiado reconociera, por unanimidad, su interés legítimo para promover un juicio de amparo contra la omisión de autoridades federales de emitir disposiciones necesarias para determinar la existencia de daños ambientales.

Al resolver el amparo en revisión 211/2026, el 18 de noviembre de 2026, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito reconoció que el IFDP cuenta con legitimación para acudir a la justicia en asuntos ambientales, en atención a sus funciones institucionales y a lo establecido en el Acuerdo de Escazú.

El Tribunal señaló que las autoridades jurisdiccionales deben garantizar una legitimación amplia y efectiva para defender el medio ambiente, sin imponer requisitos formalistas que obstaculicen el derecho de acceso a la justicia.

En el estudio de fondo, determinó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) incurrió en una omisión reglamentaria absoluta al no expedir las Normas Oficiales Mexicanas previstas en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, necesarias para establecer criterios que permitan determinar la existencia de daño ambiental.

Esta omisión vulnera el derecho humano a un medio ambiente sano, pues dificulta el cumplimiento de la obligación constitucional de reparar los daños ocasionados a la naturaleza, prevista en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para mayor información, contactar a la Secretaría Técnica de Vinculación con la Sociedad Ifdp_stvs@oaj.gob.mx

La resolución constituye un precedente histórico, al ser la primera ocasión en que se reconoce el interés legítimo del IFDP para promover un juicio de amparo en materia ambiental, una legitimación que hasta ahora había sido reconocida principalmente a personas físicas y organizaciones de la sociedad civil.

Este reconocimiento amplía las posibilidades de defensa jurídica de comunidades y sectores que enfrentan directamente las consecuencias del deterioro ambiental, entre ellos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, personas campesinas, niñas, niños, adolescentes y personas mayores.

Para estos grupos, la defensa del medio ambiente no se limita a buscar sanciones económicas contra quienes ocasionan daños, sino que implica exigir la reparación efectiva de los ecosistemas y la protección de las condiciones que hacen posible una vida digna.

Con esta resolución, el IFDP fortalece su papel como actor estratégico en la defensa de los derechos humanos y refrenda su compromiso con el acceso a la justicia ambiental pues, con tal criterio, queda facultado para promover juicio de amparo de manera directa contra actos que vulneren ese derecho.