Sala Superior revoca resolución de la Junta General Ejecutiva del INE y ordena garantizar ajustes razonables para personas trabajadoras con discapacidad

Electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó, por unanimidad de votos, la resolución de la Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionada con la denuncia de un trabajador contra diversas personas funcionarias de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), por presuntos actos de hostigamiento laboral, discriminación por condición de salud y violencia institucional.

La controversia se originó a partir de una denuncia presentada por un trabajador ante negativas para adoptar ajustes razonables para desempeñar sus funciones como es el trabajo a distancia debido a que requiere suministro continuo de oxígeno para proteger su salud y seguridad.

En respuesta, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) dictó acuerdo de medidas cautelares, en las cuales, entre otras cuestiones, autorizó al actor retirarse de las instalaciones cuando requiriera recargar oxígeno y concluir el resto de su jornada laboral bajo la modalidad remota.

Posteriormente, la JGE modificó la medida cautelar para que el actor desarrollara sus actividades bajo la modalidad de trabajo remoto durante treinta días hábiles, condicionando su continuidad a la presentación de un documento del ISSSTE que acreditara que su discapacidad es incompatible con el trabajo presencial.

Inconforme con esta resolución, el promovente presentó un juicio ante la Sala Superior, en el que sostuvo que la JGE restringió sus derechos, al condicionar la medida cautelar a la obtención del documento del ISSSTE, y señaló que los treinta días carecen de justificación frente a una condición permanente. Además, reclamó que se restara valor al certificado de discapacidad del DIF que presentó y cuestionó la ausencia de lineamientos institucionales sobre ajustes razonables para las personas trabajadoras con discapacidad

A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la Sala Superior determinó revocar la resolución impugnada y, en plenitud de jurisdicción, modificar el acuerdo de medidas cautelares, para que el actor realice sus actividades laborales bajo un esquema híbrido de trabajo en el que el trabajo a distancia sea la modalidad ordinaria y la asistencia presencial procederá excepcionalmente.

El Pleno estimó que ni la JGE ni la DEAJ podían exigir al actor una prueba plena de su discapacidad o de su grado para otorgar protección cautelar. Precisó que, en esta etapa, basta su acreditación indiciaria, a partir de la autoadscripción acompañada de elementos mínimos que permitan advertir la condición alegada y el riesgo que se busca evitar. Ello no implica conceder automáticamente el trabajo remoto, sino analizar individualmente las barreras, los riesgos y las necesidades de protección.

Asimismo, consideró que la normativa del INE no contiene un mecanismo institucional suficiente y específico para solicitar y resolver ajustes razonables en el lugar de trabajo, que determine la instancia competente, los plazos, los criterios de valoración, la participación de la persona solicitante y las medidas provisionales aplicables. En consecuencia, ordenó al Consejo General emitir, previa consulta a personas con discapacidad, los lineamientos correspondientes.

Finalmente, la Sala Superior vinculó a las áreas competentes del INE para implementar las medidas administrativas necesarias en un plazo máximo de 24 horas. La medida cautelar permanecerá vigente durante la investigación y, en su caso, hasta la resolución del procedimiento laboral sancionador. (SUP-JG-106/2026).