La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por mayoría de votos, revocó parcialmente las resoluciones INE/CG331/2026 e INE/CG338/2026, ambas relacionadas con la agrupación política nacional “Que Siga la Democracia”, para que el Instituto Nacional Electoral (INE) determine nuevamente su capacidad económica y, en su caso, reindividualice las sanciones correspondientes.
Las controversias se originaron durante el procedimiento de la agrupación para constituirse como partido político nacional. En el SUP-RAP-178/2026, el INE detectó irregularidades durante la revisión de sus informes mensuales de ingresos y egresos, entre ellas, gastos no reportados y la falta de presentación de archivos XML de comprobantes fiscales. En el SUP-RAP-179/2026, determinó la existencia de irregularidades en 92 registros de afiliación, 77 obtenidas mediante la aplicación móvil y 15 mediante el régimen de excepción -fotos simuladas, alteraciones de credenciales para votar, inconsistencias en firmas-. En ambos casos, el INE sancionó a la agrupación.
La agrupación controvirtió ambas determinaciones. En materia de fiscalización, alegó, entre otras cuestiones, que se le exigió identificar operaciones mediante referencias que no habían sido solicitadas expresamente, cuestionó la matriz de precios, las sanciones impuestas y la valoración de su capacidad económica. Respecto de las afiliaciones, sostuvo que debieron ser emplazadas las personas auxiliares que recabaron los registros, que no existía prueba técnica suficiente para acreditar las irregularidades, que no se demostraba el dolo y que la multa fue indebidamente individualizada.
A propuesta del magistrado presidente Gilberto Bátiz García, el Pleno desestimó los planteamientos dirigidos a dejar sin efectos las infracciones. En materia de fiscalización, consideró que correspondía a la propia organización identificar, conciliar y vincular la documentación soporte con las operaciones registradas, obligación derivada de la normativa aplicable y no únicamente de un requerimiento específico de la autoridad.
En cuanto a las afiliaciones, la Sala Superior determinó que las personas auxiliares actúan como representantes funcionales de la organización al recabar las manifestaciones de afiliación, por lo que sus actuaciones son directamente atribuibles a ésta, de ahí que haya confirmado su responsabilidad y la acreditación de las irregularidades
No obstante, en ambos asuntos la Sala Superior consideró incorrecta la forma en que el INE determinó la capacidad económica de la agrupación, pues los ingresos obtenidos durante el procedimiento para constituirse como partido político no representan, por sí solos, una base objetiva para establecer su capacidad real de pago.
En consecuencia, se ordenó al INE realizar un nuevo análisis de la situación económica de la agrupación y, de resultar jurídicamente procedente, reindividualizar las sanciones conforme a las circunstancias acreditadas y sin incrementar las originalmente impuestas. La autoridad deberá informar a la Sala Superior sobre el cumplimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes. (SUP-RAP-178/2026 y SUP-RAP-179/2026).



