Las fiscalías especializadas demandan una reforma radical para combatir la corrupción y erradicar la impunidad: Alfonso Ramírez Cuéllar

Política
  • Se propone fortalecer la Fiscalía Anticorrupción y crear una fiscalía especializada contra el huachicol
  • El combate a la corrupción debe consolidarse como uno de los principales legados del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
  • Se realiza una amplia consulta con sociedad civil, académicos y especialistas para construir iniciativas con el mayor consenso posible.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que está trabajando en una propuesta para fortalecer la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y crear una fiscalía especializada contra los delitos en materia de hidrocarburos, ambas dentro de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de combatir la impunidad, desarticular redes delictivas y proteger las finanzas públicas.

El legislador señaló que la lucha contra la corrupción debe convertirse en uno de los principales legados del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, mediante instituciones con recursos suficientes, independencia para investigar y capacidad para llevar ante la justicia a quienes se benefician del desvío de recursos públicos.

“La voluntad política debe traducirse en instituciones capaces de llegar hasta el fondo. El compromiso con la honestidad exige investigar y sancionar conforme a derecho, sin privilegios, sin excepciones y sin importar el cargo o la pertenencia partidista de las personas involucradas”, expresó.

Ramírez Cuéllar planteó que el fortalecimiento de la fiscalía anticorrupción debe incluir mayores recursos materiales, humanos, tecnológicos y presupuestales. Destacó la necesidad de contar con ministerios públicos, policías de investigación, peritos y analistas financieros especializados, con estabilidad y herramientas suficientes para integrar expedientes sólidos y sostener las acusaciones ante los tribunales.

Asimismo, propuso ampliar su autonomía funcional y su margen de maniobra para definir prioridades, conducir investigaciones y administrar los recursos asignados, con mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

El legislador advirtió que la situación es aún más grave en las fiscalías anticorrupción de las entidades federativas, muchas de las cuales se han convertido en simples caricaturas institucionales, sin trascendencia ni capacidad real para investigar y combatir los delitos cometidos por servidores públicos. Señaló que es indispensable revisar su funcionamiento y fortalecer sus capacidades para que dejen de ser instancias meramente formales y se conviertan en verdaderos instrumentos de combate a la corrupción y la impunidad.

Manifestó que un componente central de la propuesta consiste en establecer la prevalencia de su competencia en las investigaciones federales por hechos de corrupción, incluso frente a otras áreas de la propia FGR. El propósito es evitar duplicidades, fragmentación de expedientes o decisiones internas que diluyan responsabilidades y obstaculicen el esclarecimiento de los hechos: “La fiscalía anticorrupción debe tener autoridad efectiva para conducir los asuntos que legalmente le correspondan, acceder a la información necesaria y proteger sus investigaciones frente a interferencias indebidas. Esa capacidad debe ejercerse con respeto al debido proceso y bajo control judicial”.

Respecto a los delitos en materia de hidrocarburos, tanto el robo de combustible como el llamado huachicol fiscal han adquirido una gravedad que exige una respuesta institucional especializada y permanente. El robo y desvío de combustibles afectan el patrimonio de Pemex y generan riesgos para las comunidades y el medio ambiente. Por su parte, el huachicol fiscal utiliza esquemas de contrabando, documentación irregular, empresas fachada y operaciones financieras para evadir impuestos e introducir combustibles al mercado ilegal.

El legislador agregó que ambas modalidades dañan las finanzas públicas, perjudican a las empresas que cumplen la ley y generan recursos que alimentan redes de delincuencia y corrupción, con capacidad para involucrar a servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno.

“Por ello, la nueva fiscalía deberá contar con un mandato legal claro, personal especializado y capacidades para investigar toda la cadena del negocio ilícito, desde la extracción o importación irregular hasta la distribución, comercialización y destino de las ganancias”, añadió.

El diputado precisó que la propuesta continúa en análisis y forma parte de una agenda más amplia de reformas contra la corrupción. Para su construcción se realiza una consulta con organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas, a fin de revisar el diseño institucional, las competencias y las necesidades presupuestales, y alcanzar el mayor consenso posible.

“Queremos dejar instituciones que perduren, protejan los recursos del pueblo y funcionen con independencia de quienes ocupen los cargos. Ese debe ser un compromiso fundamental de esta nueva etapa de la transformación”, concluyó.