La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por unanimidad, confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz que validó, en lo controvertido, las reformas al Reglamento de Candidaturas aprobadas por el Organismo Público Local Electoral de esa entidad.El asunto se originó con las impugnaciones de los partidos locales Alianza Generacional por Veracruz y Partido Cardenista contra el acuerdo OPLEV/CG172/2026. Los partidos cuestionaron, por una parte, los mecanismos de verificación de los requisitos para el registro de candidaturas en materia de violencia contra las mujeres y obligaciones alimentarias, al considerar que podían vulnerar la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva. Por otra, impugnaron las reglas de ajuste de paridad en diputaciones locales y regidurías, al sostener que los ajustes debían recaer en el partido con mayor número de cargos, para reducir su impacto sobre los partidos minoritarios.
El Tribunal local confirmó el acuerdo al considerar que las declaraciones bajo protesta, la exhibición de documentación y la consulta de registros constituyen mecanismos de verificación y no presumen, por sí mismos, la culpabilidad de una persona ni suspenden sus derechos político-electorales. Respecto de los ajustes de paridad, estimó que las disposiciones cuestionadas no habían sido modificadas por el OPLEV y ya habían sido objeto de revisión jurisdiccional.
Ante la Sala Superior, los partidos alegaron que los mecanismos de verificación podían permitir negar registros con base en padrones o registros administrativos sin exigir una resolución judicial firme, en vulneración de la presunción de inocencia y del derecho a ser votado. También sostuvieron que la reforma implicó una reexpedición integral del Reglamento y, por ello, abría una nueva oportunidad para cuestionar las reglas de ajustes de paridad, las cuales consideraron desproporcionadas para los partidos minoritarios.
A propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, el pleno consideró infundados e inoperantes los agravios. Señaló que la consulta de registros y la documentación prevista son mecanismos de comprobación y que, para efectos de elegibilidad, las certificaciones que pudieran generar una restricción deben sustentarse en sentencias firmes. Por ello, esas verificaciones no vulneran, por sí mismas, la presunción de inocencia.
En cuanto a los ajustes de paridad, concluyó que las disposiciones impugnadas no fueron modificadas ni sometidas nuevamente a aprobación por el OPLEV, por lo que la publicación íntegra del Reglamento como anexo del acuerdo no abrió una nueva oportunidad para controvertirlas. Asimismo, señaló que el reciente registro de los partidos actores tampoco los habilita, por sí mismo, para impugnar normas preexistentes, pues sería necesario acreditar una afectación actual derivada de su aplicación u otra circunstancia que justificara su revisión.
En consecuencia, la Sala Superior confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (SUP-JG-100/2026 y SUP-JG-101/2026, acumulados).