MADRID.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este viernes 23 de octubre la situación de los profesionales de la salud cubanos desplegados en la región de Calabria, Italia, así como los esquemas de retención de salarios, la imposición de restricciones personales y las irregularidades financieras de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC).
En un encuentro virtual con políticos, activistas y periodistas, la investigadora y periodista Annarella Grimal presentó un informe detallado en el que se cuestiona que, de un salario base de 4.700 euros mensuales asignado por las autoridades italianas por cada médico, el gobierno cubano solo permite a los profesionales retener un máximo de 1.200 euros en concepto de estipendio.
“El Estado cubano capta la mayor parte de los recursos destinados al personal médico mientras impone normativas y controles que limitan sus libertades básicas”, señaló Grimal durante la presentación de los datos.
Entre los hallazgos principales presentados destacan:
-Retención de ingresos: De los 27,5 millones de euros invertidos por Italia para la contratación de 333 médicos hasta marzo de 2025, la entidad estatal cubana transfirió únicamente 6,2 millones a los profesionales.
-Doble carga fiscal: Se detalló la aplicación de cobros de hasta un 43% sobre horas extraordinarias trabajadas, además de la exigencia contractual de devolver el 50% de las horas extra y de la decimotercera paga a las cuentas de la comercializadora estatal.
-Control normativo: El informe documenta la existencia de 37 circulares vinculantes y reglamentos con más de 30 prohibiciones que restringen el libre movimiento, las declaraciones a la prensa y el establecimiento de relaciones personales.
Maylín Fernández, exjueza profesional en Cuba y abogada, pidió la aplicación de los mecanismos internacionales de la ONU, la OIT y la Unión Unión Europea sobre la trata de seres humanos.
“La protección internacional no solo alcanza a las víctimas: también puede comprometer la responsabilidad de los Estados que permiten o no investigan la explotación en su territorio”, aclaró la experta.
Durante la sesión, moderada por la Dra. Daily Coro, activista del OCDH, se destacó también la situación de las transferencias, debido a las sanciones financieras en julio de 2026, que provocó problemas de cobros. Esto abrió la vía para que decenas de médicos solicitaran esquemas de contratación directa e independiente con el sistema sanitario italiano.
El encuentro concluyó con una llamada a las autoridades europeas y a los Estados receptores para exigir la contratación directa sin intermediación estatal, garantizar asistencia legal independiente y fiscalizar posibles prácticas de trabajo forzado dentro de los acuerdos de cooperación.