- La reforma propone el arraigo comunitario y la regulación de rentas para que no crezcan más allá de la inflación
- La iniciativa de ley cuenta con 7 puntos estratégicos para la regulación de rentas y cumplimiento de derechos y obligaciones para inquilinos y arrendadores
- Hizo un llamado al Congreso capitalino y a todos los actores involucrados en el tema para abrir un debate en el que se escuchen todas las voces y se generen consensos
- Se propone capacitar a cargadores para desalojos, a fin de evitar la intervención de “golpeadores”
Con el objetivo de combatir la especulación inmobiliaria, frenar la gentrificación y proteger a las familias capitalinas, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, detalló la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, presentadas recientemente ante el Congreso de la Ciudad de México.
Remarcó que en dicha propuesta se prevén siete puntos estratégicos para garantizar el derecho al arraigo mediante la creación de la Defensoría Inquilinaria, la limitación de los requisitos de arrendamiento y la protección equitativa, tanto para inquilinos como para arrendadores.
“Nosotros defendemos que las ciudades son de quienes las habitan, no sólo de quienes pueden pagarlas. Frente a la especulación, derecho a la vivienda, y frente a la expulsión, derecho al arraigo”, expresó.
En conferencia de prensa realizada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria local destacó la urgencia habitacional en el panorama global y local, señalando que la vivienda es la gran causa de los movimientos sociales urbanos de nuestra época.
“La vivienda condensa la disputa mundial entre los modelos de sociedad, la pugna incesante por el derecho a vivir y permanecer en las grandes ciudades del mundo”, indicó.
Tras recordar que en la capital casi el 30 por ciento de las familias rentan una vivienda, y que en este rubro los precios se han multiplicado por cinco en las alcaldías centrales durante los últimos 20 años, Brugada Molina expuso que en los últimos 15 años la cantidad de personas que rentan se ha incrementado un 54 por ciento, lo que ha provocado que las familias lleguen a destinar hasta el 40 por ciento de sus ingresos mensuales para el pago de vivienda.
Por ello, la primera medida de los siete puntos estratégicos presentados establece que los precios de las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual, dotando de instrumentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de este principio y evitar que el mercado inmobiliario profundice las diferencias sociales.
Una segunda medida será la creación de una Carta de Derechos y Obligaciones que permitirá exigir sólo una garantía para rentar, eliminando la práctica de pedir avales múltiples y pólizas jurídicas excesivas, así como prohibir la discriminación de cualquier y tipo y fijar deberes claros para los inquilinos.
En tercera instancia, anunció la creación de la Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá defensa jurídica gratuita. Como cuarta medida, la ley promoverá contratos estables con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos, facultando sanciones ante aumentos ilegales o daños al inmueble.
Como quinto punto, se ampliará la oferta de vivienda social y asequible, sumando a la iniciativa privada mediante apoyos a los propietarios que suscriban contratos multianuales. En materia de desalojos, el sexto punto plantea la creación del Gabinete de Acompañamiento Social para intervenir, siempre respetando las resoluciones judiciales, y ofrecer alternativas habitacionales o apoyo para renta. Asimismo, se regulará a los cargadores exigiendo personal capacitado que será contratado por el Poder Judicial.
“Enviamos un mensaje claro: en esta ciudad ningún desalojo puede violar los derechos humanos”, subrayó. Todo el panorama será monitoreado a través de un nuevo Observatorio Público de Vivienda para una mejor planeación.
Brugada Molina fue categórica al desmentir la desinformación en torno a la propuesta, por lo que llamó a no dejarse engañar y aseguró que no hay congelación de rentas en esta iniciativa de ley, ni mucho menos se ataca a la propiedad privada.
“Nuestro gobierno garantizará y protegerá el derecho a la propiedad privada. Defendemos el patrimonio de los propietarios. Cuando no tienen argumentos, fabrican fantasmas; parece que la oposición se pone del lado de la gentrificación”, sentenció al dejar claro que la iniciativa no busca atentar contra los arrendadores ni la propiedad privada, sino frenar los abusos y la especulación.
En su discurso también hizo un llamado al Congreso capitalino y a todos los actores involucrados en el tema para abrir un debate abierto en el que se escuchen todas las voces y genere consensos. “Será un auténtico parteaguas en la historia del derecho a la vivienda. Esta ley garantiza que los hechos no se burlen de los derechos”, manifestó.
Por su parte el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que la iniciativa no congela las rentas ni determina un precio único, sino que busca que existan reglas claras y que esa normatividad se cumpla a cabalidad, para ello incorpora sanciones específicas, registro digital de contratos, servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación.
Muñoz Santini informó que, en la Ciudad de México alrededor de 2 millones de personas viven en una vivienda rentada y existen más de 813 mil viviendas en renta, de acuerdo con datos de la encuesta intercensal 2025. Indicó que, de acuerdo a estimaciones recientes del mercado, las rentas se sitúan entre 16 mil 600 y 24 mil pesos en promedio, según la zona y el tipo de vivienda.
Ante ello, el Gobierno de la Ciudad, tiene el compromiso hacia 2030 de realizar 200 mil acciones de vivienda, de las cuales 80 mil serán viviendas nuevas y 120 mil serán procesos de mejoramiento integral en los barrios populares.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, agregó que la creación del Gabinete de Acompañamiento Social ante los Desalojos, diseñado para proteger los derechos humanos de las familias que enfrentan resoluciones judiciales de desocupación de vivienda. Este órgano brindará asistencia institucional, buscará alternativas habitacionales y canalizará a las personas afectadas hacia programas sociales, asegurando que las diligencias sean pacíficas y sin intervenir en las decisiones de los jueces.
Como medida complementaria, se capacitará obligatoriamente en derechos humanos al personal encargado de mudanzas y resguardos para evitar agresiones, y se apoyará a grupos vulnerables con el almacenamiento de sus enseres.
Enfatizó que el objetivo de esta iniciativa es claro: erradicar los desalojos violentos sin intervenir con las resoluciones judiciales, impedir el abandono de pertenencias en la vía pública y evitar que las familias queden pernoctando en la calle.
La Consejera Jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes destacó que el eje central de la iniciativa es la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, una instancia que brindará orientación, asesoría y patrocinio jurídico gratuito, mediante personal especializado, para garantizar los derechos tanto de arrendadores como de arrendatarios.
Este mecanismo permitirá atender controversias a través de la mediación y la conciliación, con criterios de calidad, confidencialidad, eficacia, honradez y transparencia, a fin de ofrecer reglas claras, fortalecer la certeza jurídica y evitar que los conflictos escalen a procesos judiciales.
El secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, mencionó que esta propuesta de ley es parte sustancial de la implementación del Bando Uno impulsado en 2025. Además, de que reconoce por primera vez el concepto de gentrificación como un proceso de exclusión social que profundiza desigualdades territoriales y obstaculiza el goce del derecho a la ciudad.
Al tomar la palabra, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, indicó que el fenómeno del encarecimiento de las rentas, el procesos de gentrificación, es una problemática de carácter internacional, por lo que el gobierno de la ciudad quiere anticiparse a esto y plantear alternativas y salidas para que la población pueda acceder a la vivienda; además, dijo, es una iniciativa que busca entender la complejidad del fenómeno inquilinario donde confluye la participación de arrendadores y arrendatarios, por lo que se busca construir una lógica de equilibrio.