- El dictamen a la minuta recibió 23 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones
La Comisión de Justicia aprobó, por 23 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Establece que se impondrá prisión de cuatro a diez años y de dos mil a veinte mil días multa, a quien divulgue, publique, comunique o distribuya, sin la autorización de la persona titular del derecho de autor o derecho conexo, obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, con anterioridad a su lanzamiento oficial o primera puesta a disposición autorizada en territorio nacional.
Se aplicará de tres a siete años de prisión y de mil a diez mil días multa, a quien a escala comercial y sin autorización suprima o altere, a sabiendas, por sí o por medio de otro, cualquier información sobre gestión de derechos.
Determina que el monto de la cantidad resarcitoria se fijará independientemente del valor o cantidad de los productos o servicios involucrados y no podrá ser menor a trescientas cuarenta ni mayor a cincuenta mil Unidades de Medida y Actualización, considerando los medios empleados y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la comisión de la conducta.
También, el alcance de la difusión y el impacto en la explotación normal del derecho afectado, у la magnitud del perjuicio causado o el beneficio económico probable que se pretendía obtener mediante la comisión del hecho delictuoso.
La escala comercial incluye los actos de comercio o actividades que busquen un beneficio económico o ganancia financiera, cuando sean una consecuencia directa o inmediata de la explotación de las obras y derechos protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor o una ventaja competitiva o un valor agregado para la actividad preponderante que el agente desarrolle en un establecimiento industrial, comercial o de servicios, incluida la obtención, uso o disposición de datos personales.
Además, los actos que causen un impacto perjudicial significativo en el interés de la persona titular del derecho de autor o derechos conexos en relación con su posición en el mercado, aunque no se realicen para obtener un beneficio comercial o ganancia financiera. Para determinar la escala comercial a que se refiere este Título se requerirá que el umbral económico de la conducta sea igual o superior a ciento setenta Unidades de Medida y Actualización, calculado conforme al precio de venta al público del producto o servicio legítimo.
Destaca que se impondrá de uno a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización vigente al momento en que se cometa el delito, a quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial, perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio.
El presidente de la Comisión, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que este dictamen atiende a la minuta que tiene como origen la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo, la cual tiene el propósito de robustecer los mecanismos legales para salvaguardar los derechos de propiedad intelectual y establecer medidas más eficaces frente a las conductas que los vulneran.
“El objetivo de la reforma es fortalecer la protección penal de los derechos de propiedad intelectual, combatir la piratería y falsificación, actualizar los mecanismos de reparación del daño y armonizar la legislación mexicana con los compromisos internacionales asumidos y establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”.
Puntualizó que no se trata sólo de incrementar las sanciones, sino contar con herramientas legales que permitan prevenir, investigar y sancionar las conductas que lesionen los derechos de propiedad industrial y que ponen en riesgo la seguridad jurídica de las personas.
Posicionamientos de los grupos parlamentarios
De MC, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez dijo que su voto será en contra de la minuta conocida como “ley antimemes”, pues la actual redacción mantiene la posibilidad de que las instancias de procuración de justicia puedan interpretar ese tipo penal para criminalizar prácticas como la sátira, la parodia y la comedia, preocupación relevante para la comunidad creadora de contenido, moneros y caricaturistas.
Del PRI, el Arturo diputado Yañez Cuellar señaló que se ofrece más cárcel y castigo, pero sin un peso adicional para aplicarla. Enfatizó que se debe dejar por escrito que el periodismo, la caricatura, la sátira, la parodia y la crítica política quedan protegidos para que nadie pueda confundir una burla con una suplantación para cometer un delito.
Al hablar a favor, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja (PT) afirmó que en la ley se establece quiénes son los responsables y las conductas a sancionar en caso de suplantación de documentos y sitios oficiales para engañar, lo cual no tiene que ver con la sátira política, la crítica o los memes.
Al adelantar su voto en contra, la diputada del PAN, Paulina Rubio Fernández aseguró que están a favor de otorgar herramientas para continuar con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero el artículo está sujeto a ambigüedad e interpretación por parte de jueces elegidos por listas quienes podrán decidir si se aplica o no contra la libertad de expresión.
De Morena, la diputada Estela Carina Piceno Navarro aclaró que lo que se pretende es actualizar la legislación para que haya correspondencia entre la realidad social y lo que dice la ley, pues la norma de esta materia hoy en día está desfasada. Precisó que lo que se hace es proteger a los autores y la propiedad intelectual.
Discusión a favor y en contra
Al hablar en contra del dictamen, el diputado José Guillermo Anaya Llamas (PAN) indicó que desde el principio se podían incluir las excepciones para los castigos penales, pero se prefiere navegar sombre la ambigüedad para “tener la pata en el pescuezo” a columnistas y moneros.
La diputada Elena Edith Segura Trejo (Morena) sostuvo que de nada sirve tener una legislación que no proteja realmente los derechos de autor. Dijo que de acuerdo a la Concanaco Servitur en 2025 el consumo de productos pirata en México alcanzó un valor estimado de 63 mil 282 millones de pesos y con afectaciones de alrededor de 70 mil empleos formales.
Por su parte, el diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) dijo que están en favor de combatir la piratería, proteger creadores y sancionar a quienes utilizan la imagen de una institución pública para defraudar a la ciudadanía, pero no se deben dejar espacios a la incertidumbre. Pidió agregar un párrafo que diga “no constituirán este delito los usos con fines periodísticos, educativos, satíricos, de parodia, de creación artística o de crítica política-social en el ejercicio de la libertad de expresión”.
Del PT, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez mencionó que se verán los alcances de la reforma cuando esté en la práctica, además de que no tiene nada que ver con la libertad de expresión. “La gente puede realizar, incluso los periodistas, sátira política, memes de nosotros, pues nuestra obligación es rendir cuentas y no andar revisando quién nos hace un meme”.
Aprueban reformas en materia de fraude digital contra personas adultas mayores
Por 29 votos a favor se avaló el dictamen con proyecto de decreto que adiciona y reforma el Código Penal Federal para establecer un artículo 386 Bis y estipular que cuando el delito de fraude se comete en perjuicio de una persona adulta mayor o de una persona indígena o afromexicana, las penas correspondientes aumentarán en una tercera parte en su límite mínimo y máximo.
El diputado Moreno Rivera indicó que este dictamen tiene como origen tres iniciativas, cuyo fin es proteger el patrimonio de las personas adultas mayores indígenas y afromexicanas que se ven implicadas en fraude digital.
“Las propuestas concuerdan en que deben penalizarse con mayor rigor el engañar a estas personas para quitarles su patrimonio, particularmente sus recursos económicos, lo cual les afecta física y emocionalmente”, subrayó.
Precisó que se pretende establecer agravantes al delito penal de fraude por el solo hecho de que se intente en contra de las poblaciones ya señaladas.
Al explicar la propuesta, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) expuso que la reforma se inspira en que proteger el patrimonio de las personas adultas mayores es proteger su dignidad, como en el caso del fraude digital que se comete contra este sector de la población. “Detrás de un fraude a una persona mayor de 60 años está la pérdida de ahorros de toda su vida o recursos destinados para alimentación, renta o medicamentos”.
Del PT, la diputada Lilia Aguilar Gil se dijo a favor de que se detengan los fraudes digitales, así como los abuso a las y los mexicanos especialmente causados por clonación de información, así como por el uso de plataformas digitales que “hoy son incontrolables”.
En tanto, el diputado César Israel Damián Retes (PAN) consideró que el problema de fraude está ligado a la impunidad. “Acompañamos este dictamen porque técnicamente es muy claro, amplía el tipo de fraude tradicional para incorporar el lugar comisivo de los medios digitales y el agravante cuando la víctima son adultos mayores”.
La diputada Olga Sánchez Cordero Dávila (Morena) señaló que, aunque votara a favor de la agravante, la conducta ya está tipificada.
