- Se busca declarar un día para la erradicación de esa fobia; también se dieron a conocer otras dos propuestas para que nadie sea discriminado por su cuerpo
Para que ninguna persona sea discriminada por su cuerpo ni reciba burlas, rechazos, menos oportunidades o trato injusto por su talla, complexión, estatura u otras características físicas, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya presentó tres iniciativas en ese sentido, una de las cuales busca declarar un día contra la gordofobia y el gordoodio.
Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, explicó que una propuesta busca establecer la diversidad corporal entre las categorías protegidas frente a la discriminación, mediante la modificación del Artículo 4 de la Constitución Política capitalina, mientras que otra pretende lo mismo, pero en el ámbito nacional, con la reforma al Artículo 1° de la Carta Magna Federal.
También destacó que otra iniciativa plantea declarar el 6 de mayo de cada año como el “Día de la Erradicación de la Gordofobia y el Gordoodio en la Ciudad de México”, con la finalidad de sensibilizar a los habitantes de esta urbe sobre el respeto a este sector de la población y así erradicar prácticas discriminatorias.
“Queremos que esa fecha sea una herramienta permanente para educar, sensibilizar, cuestionar prejuicios y transformar prácticas en las escuelas, los centros de trabajo, los servicios de salud, los medios, las redes sociales y también en nuestras propias familias”, destacó la legisladora del Partido del Trabajo (PT).
Aseveró que no hay cuerpos que merezcan más respeto que otros, pero reconoció que aún existen prejuicios que convierten las diferencias corporales en motivos de señalamiento, rechazo, exclusión y discriminación. En ese contexto, refirió que la gordofobia y el gordoodio pueden afectar derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la salud, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad.
“La gordofobia y el gordoodio se presentan cuando una persona no es contratada por su peso; cuando se le presume incapaz o indisciplinada por la forma de su cuerpo; cuando recibe burlas en la escuela; cuando en un consultorio médico, cualquier padecimiento se atribuye automáticamente al peso sin una valoración integral, o cuando alguien es ridiculizado públicamente o siente que debe modificar su cuerpo para merecer respeto”, puntualizó.
Guerrero Maya consideró que frente a los discursos que pretenden dividir entre los cuerpos aceptables y los que supuestamente deben esconderse, la Ciudad de México tiene que mantener una posición firme contra la discriminación.
“Nuestra respuesta frente al odio no puede ser el silencio, sino la defensa de los derechos: más reconocimiento, más igualdad y más diversidad. Porque reconocer la diversidad corporal no significa decir que todas y todos somos iguales. Significa algo mucho más importante: entender que, porque somos diferentes, la dignidad y los derechos son por igual”, acotó.
Respecto a la reforma a la Carta Magna de la Ciudad de México, indicó que el objetivo es incorporar el concepto “diversidad corporal” entre las categorías protegidas frente a la discriminación.
“Como es profundamente impactante en la vida de todas y todos quienes han sido excluidas y excluidos por su cuerpo, debemos dejar establecido en nuestra Constitución que las diferencias corporales jamás deben convertirse en motivo de menoscabo de derechos”, subrayó la también Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.
En cuanto a la iniciativa de modificación a la Constitución Política Mexicana, comentó que se busca incluir el mismo concepto en el Artículo 1° de este ordenamiento. Ello, añadió, porque toda persona, en cualquier lugar del país, tiene que saber que su peso, talla, complexión o la forma de su cuerpo no pueden justificar humillación, rechazo, violencia o un trato desigual.
Poco antes de bajar de la tribuna, la Mesa Directiva informó que las dos iniciativas relacionadas a las Constituciones Políticas capitalina y federal serían turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Derechos Humanos, mientras que la que se refiere a la declaratoria sería remitida a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. En los tres casos, para su análisis y dictaminación.
