- Se deberá garantizar la debida diligencia, la presunción de inocencia, la protección de denunciantes, así como la legalidad, objetividad e imparcialidad
Ante la creciente visibilidad de casos de acoso laboral y sexual en la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario del PVEM en el Congreso capitalino hizo un llamado a las 16 alcaldías, así como a dependencias y organismos locales, a fortalecer los mecanismos de investigación, verificación y actuación sobre las denuncias.
Además, para que las autoridades garanticen la debida diligencia; la presunción de inocencia; la protección de las y los denunciantes, así como los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.
En la Sesión Ordinaria del pasado 8 de septiembre, la diputada Claudia Neli Morales Cervantes presentó un Punto de Acuerdo al respecto, que también está dirigido a la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX), el cual fue aprobado por el Pleno Legislativo.
“Este Punto de Acuerdo busca fortalecer la confianza pública, proteger a quienes denuncian y también a quienes son acusados injustamente. Busca que la Ciudad de México siga avanzando en combatir el acoso con seriedad, responsabilidad y humanidad”, enfatizó.
Desde la tribuna, aseveró que la capital del país ha avanzado en la creación de mecanismos para atender denuncias de acoso laboral y sexual, y que gracias a esa medida cada vez más personas se atreven a presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.
Sin embargo, señaló que a la par se ha detectado otro fenómeno que merece atención, que es la amplificación mediática y digital de casos que se presentan como denuncias falsas. “Esta amplificación no refleja la realidad de lo que sucede en escuelas y espacios públicos, pero sí genera una percepción distorsionada que afecta gravemente a todas las personas involucradas”.
Al respecto, indicó que la opinión pública tiene la idea de que las denuncias falsas están aumentando, pero que la evidencia demuestra lo contrario. Expuso que lo que sí existe es la difusión acelerada de casos aislados que se convierten en verdades entre la ciudadanía, a pesar de que las investigaciones no hayan concluido.
“Esta narrativa no sólo es imprecisa; es peligrosa. Peligrosa porque en las víctimas reales, cada vez que un caso se amplifica sin contexto, se alimenta la idea de que denunciar es arriesgado, que no se les creerá y que serán atacadas. Y peligrosa también para las personas acusadas injustamente, porque la exposición pública puede destruir reputaciones, carreras y vidas enteras antes de que exista una investigación formal”, puntualizó.
En ese contexto, la pevemista destacó que en los últimos meses se han conocido casos en los que una denuncia infundada se viraliza, antes de que la autoridad pueda intervenir.
“La Secretaría de Educación Pública reportó más de mil 800 denuncias por presunto abuso entre 2022 y 2024, de las cuales sólo 120 fueron clasificadas como infundadas. Es decir, una proporción minoritaria, pero suficiente para generar preocupación en docentes, familias y autoridades”, informó.
La congresista aseveró que la falta de protocolos claros para verificar preliminarmente una acusación puede derivar en suspensiones automáticas, procesos prolongados y daños irreparables.
“No podemos permitir que la desinformación, la amplificación mediática o la ausencia de lineamientos claros debiliten la confianza en los mecanismos de denuncia. Porque proteger a las víctimas y garantizar la presunción de inocencia no son objetos opuestos. Son obligaciones complementarias del Estado”, puntualizó.
Morales Cervantes pidió a las autoridades fortalecer los mecanismos de investigación, verificación y actuación en materia de denuncias de acoso; actualizar lineamientos; prevenir el uso de los mecanismos de denuncia, y garantizar procesos objetivos, imparciales y con perspectiva de género.
“La justicia no puede depender de tendencias virales. Porque la verdad y la justicia no se decide por consenso en redes sociales; porque la protección de todas las personas es una obligación constitucional”, concluyó.
