La Cámara de Diputados da cuenta al Pleno de la recepción de tres iniciativas remitidas por la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum Pardo, mismas que fueron canalizadas a las comisiones correspondientes.
La primera con proyecto de decreto que reforma la Ley Aduanera, a efecto de fortalecer los instrumentos de control aduanero y la protección del interés fiscal, con observancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Su finalidad es permitir que, tratándose de mercancías que no se encuentran sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda, cuando en el reconocimiento aduanero o con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación legalmente conferidas a la autoridad aduanera se identifiquen elementos objetivos que permitan advertir una posible irregularidad en el valor declarado y, previo análisis realizado conforme a las reglas de valoración previstas en la Ley Aduanera, dicha autoridad proceda a realizar el embargo precautorio de las mercancías en los términos legalmente procedentes, a fin de salvaguardar el interés fiscal.
Otra, expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, cuyo objetivo es promover la adopción e implementación de medios de pago electrónicos y digitales. Fue enviada la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, y a las comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
El propósito es cerrar la brecha entre la infraestructura disponible y su uso efectivo. En la contratación digital de servicios financieros la CURP Digital será aceptada como un mecanismo de confianza; las personas usuarias a su elección podrán utilizar ante las entidades la CURP Digital o cualquier otro mecanismo de identificación oficial para la contratación digital de servicios financieros, y crea el Expediente Digital Ciudadano como un mecanismo de confianza para la consulta o uso de documentos o información de las personas usuarias.
Una iniciativa más plantea expedir la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. Su intención es fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad. Será analizada por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen, y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.
Contempla la integración y el objeto del Plan Nacional Catastral, el cual será el instrumento de carácter nacional que establece las directrices, prioridades y acciones para orientar el desarrollo, fortalecimiento, modernización y coordinación de la función catastral en el territorio nacional, así como para promover la integración, actualización, homologación, interoperabilidad y aprovechamiento de la información catastral, con el propósito de contribuir a una gestión integral del territorio y a la adecuada identificación de los bienes inmuebles.
