• El magistrado presidente del TEPJF plantea que la inteligencia artificial, la violencia política y la protección efectiva de los derechos políticos-electorales marcarán la próxima elección federal y local
El proceso electoral de 2027 pondrá a prueba a las instituciones democráticas frente a una intensa competencia política, nuevas tecnologías, mayores exigencias de inclusión y contextos de violencia, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García.
Al impartir la conferencia magistral “Los retos del TEPJF. Proceso Electoral 2027”, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con motivo del 68 aniversario de esta institución académica, Bátiz García sostuvo que México necesita una justicia electoral independiente, técnicamente sólida, cercana a la ciudadanía y capaz de resolver con oportunidad las controversias.
Ante autoridades universitarias, académicos, estudiantes y profesionales del derecho, afirmó que la certeza electoral no significa ausencia de conflictos, sino que estos puedan procesarse mediante reglas claras, decisiones oportunas y autoridades independientes.
“Resolver bien y resolver a tiempo forman parte de la misma responsabilidad. En materia electoral, la oportunidad también es justicia”, enfatizó.
El magistrado presidente destacó que en 2027 se renovará integralmente la Cámara de Diputados y estarán en disputa 17 gubernaturas, 31 congresos estatales, 437 presidencias municipales y más de 17 mil 500 cargos en ayuntamientos.
Ante esta dimensión, anticipó controversias relacionadas con candidaturas, paridad, acciones afirmativas, fiscalización, propaganda, violencia política, resultados y representación proporcional, por lo que consideró indispensable que el TEPJF se prepare desde antes de recibir las primeras impugnaciones y genere criterios que otorguen previsibilidad a autoridades, partidos, candidaturas y ciudadanía.
Bátiz García señaló que otro de los grandes retos será reducir la distancia entre los expedientes y las realidades sociales de quienes acuden a la justicia electoral.
Informó que, entre enero de 2025 y agosto de 2026, la Sala Superior resolvió 15 mil 711 medios de impugnación relacionados con grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos pueblos y comunidades indígenas, mujeres, personas con discapacidad, juventudes, personas afromexicanas, migrantes y personas de la diversidad sexual.
En este contexto, llamó a proteger las acciones afirmativas y evitar simulaciones que desvirtúen su objetivo de ampliar la representación política de grupos históricamente excluidos. También subrayó la obligación de comunicar las sentencias de manera clara: “La ciudadanía no está obligada a dominar nuestro lenguaje técnico. Nosotros sí estamos obligados a explicar nuestras decisiones”.
El magistrado presidente advirtió que la inteligencia artificial transformará el entorno electoral, al permitir, en segundos, generar textos, imágenes, voces y videos de gran verosimilitud. Esto plantea nuevos desafíos sobre autenticidad, responsabilidad y velocidad de difusión.
El reto, dijo, será proteger la integridad de la competencia sin afectar la libertad de expresión. “La democracia no necesita una conversación esterilizada. Necesita una conversación libre”, afirmó.
Asimismo, consideró que la violencia constituye uno de los riesgos más graves para la integridad electoral, porque puede determinar quién compite, quién participa y dónde puede ejercerse el voto.“La violencia no puede convertirse en una ventaja electoral. Si la capacidad de intimidar comienza a decidir quién participa o qué comunidad puede votar, la fuerza está sustituyendo a las reglas”, advirtió.
Como quinto desafío, Bátiz García planteó fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias cuando la naturaleza del conflicto permita recurrir al diálogo, la mediación o la conciliación, particularmente en determinados conflictos comunitarios e intrapartidistas.
Aclaró que estas vías no sustituyen la función de los tribunales, sino que pueden complementarla cuando existan garantías de imparcialidad, consentimiento informado y respeto a los derechos fundamentales.
Al concluir su participación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, el magistrado presidente sostuvo que el desafío fundamental rumbo a 2027 será mantener el conflicto democrático dentro del derecho y evitar que la violencia, la manipulación o la desigualdad terminen sustituyendo las reglas.
“Nuestra responsabilidad será llegar preparados, resolver con independencia, explicar con claridad y mantener abiertos los cauces institucionales para que sean el voto y el derecho —y nunca la fuerza— los que ordenen la disputa democrática”, concluyó.
