Javier Divany Bárcenas
La diputada federal Elena Edith Segura Trejo, de Morena, presentó una iniciativa sobre eutanasia y muerte digna, en la que plantea incorporar expresamente en el artículo 4º de la Constitución el “derecho a una muerte voluntaria asistida bajo las condiciones legales aplicables”, para darle reconocimiento constitucional y desarrollar posteriormente sus reglas en leyes secundarias.
Con ello, busca ir un paso más allá de las propuestas que ya se han presentado en el Congreso.
El tema ya forma parte de la agenda legislativa la llamada Ley Trasciende, impulsada por la activista Samara Martínez y respaldada por más de 128 mil firmas, que propone reformar la Ley General de Salud para legalizar y despenalizar la eutanasia.
En el Congreso también se han presentado iniciativas que buscan establecer requisitos específicos para que pacientes en determinadas condiciones puedan acceder a este procedimiento.
La propuesta de Segura Trejo coloca en el centro del debate la dignidad humana, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud.
Establece que una persona mayor de edad, con capacidad para decidir y que enfrente una enfermedad incurable e irreversible, pueda manifestar de manera libre, informada, consciente y reiterada su voluntad respecto del proceso final de su vida.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es impedir que la muerte asistida se convierta en consecuencia de la pobreza, el abandono o la falta de atención médica.
Antes de cualquier procedimiento, el Estado deberá garantizar medicamentos, cuidados paliativos, tratamiento del dolor, acompañamiento psicológico y atención integral.
Segura Trejo retoma además experiencias internacionales de países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España, Colombia, Ecuador, Australia, Suiza y Uruguay, donde existen distintos modelos para regular las decisiones al final de la vida.
La diferencia central de su planteamiento está en llevar este reconocimiento directamente a la Constitución.
De aprobarse la reforma, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y se establece un plazo de 90 días para expedir las leyes secundarias necesarias para su aplicación.
