En el marco del “Día Internacional por las Luchas de las Poblaciones Callejeras”, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) hace un llamado a la sociedad y a las autoridades para reconocer y garantizar los derechos humanos de las personas en situación de calle, frente a las condiciones de vulnerabilidad, discriminación y exclusión que estas poblaciones enfrentan diariamente.
Según el conteo y censo más reciente de la Secretaría de Bienestar Social e Igualdad Social (Sebien) y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP) en la Ciudad de México hay 2 mil 878 personas en situación de calle, lo cual implica un aumento del 155% respecto al 2024, año en el que se registraron 1,124 personas en esta condición. Estas poblaciones se encuentran mayoritariamente en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco e Iztapalapa.
Lejos de ser una decisión individual, la vida en la calle es el resultado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, pobreza extrema, falta de redes de apoyo, así como de la exclusión en los sistemas de protección social, entre otras.
Cabe mencionar que en el marco del Mundial de Futbol 2026, realizado en la Ciudad de México, la Asociación Civil el Caracol documentó el hostigamiento, desalojo y desplazamiento de poblaciones callejeras, fundamentalmente en las Alcaldías de Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán, a través de operativos que son realizados por instancias públicas en plena violación de los derechos humanos de estas poblaciones y generando condiciones de mucha mayor vulnerabilidad de las que ya viven cotidianamente.
Dichos operativos implican un proceso de “limpieza social”, es decir, de acciones que buscan ocultar la pobreza visible del espacio público, lo que tiene serias repercusiones en la salud e integridad de estas poblaciones, ya que en muchas ocasiones les destruyen o quitan sus pertenencias, sufren persecuciones, golpes o humillaciones que dañan su integridad, además de que agrava su salud mental, debido al trauma continuo de la supervivencia.
Reconocer los derechos de las poblaciones callejeras implica reconocer su capacidad de agencia, decisión y participación. Las personas que viven en la calle no son únicamente destinatarias de políticas, programas o acciones de asistencia; son personas que trabajan, estudian, cuidan, construyen redes de apoyo, toman decisiones y mantienen proyectos de vida. Como muestran sus propias voces, incluso en contextos de profunda desigualdad, existen capacidades para organizarse, cuidar a otras personas, sostener vínculos y defender aquello que consideran importante para sus vidas.
Por ello, es fundamental generar espacios donde puedan expresar sus necesidades, propuestas y decisiones, y garantizar que su voz sea escuchada y tomada en cuenta en las políticas públicas y en las acciones que impactan directamente en sus vidas.
Para lograr el pleno reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las poblaciones callejeras, las autoridades deben aplicar un enfoque que les reconozca como sujetos plenos de derecho, abandonando políticas higienistas y de “limpieza social”, lo que implica capacitar a las fuerzas policiales para prevenir abusos y criminalización por el simple hecho de existir en el espacio público.
De igual manera es necesario brindarles acceso a sistemas de protección y seguridad social, así como reformar los protocolos institucionales para eliminar la exigencia de comprobantes de domicilio o identificaciones oficiales como prerrequisito para acceder a servicios de salud de emergencia o programas sociales.
Aún queda un largo camino por recorrer en la eliminación de las barreras que les impidan a estas poblaciones acceder a una vida libre de violencia y es por ello que se requiere la voluntad política de las autoridades para brindar condiciones dignas de vida a estas poblaciones, además de la sensibilización de las autoridades y de sociedad civil en general para no criminalizar la pobreza y reconocerles como personas dignas, sujetas de derechos.