FGR Veracruz instrumento de intereses privados
Urbano Barrera
La Fiscalía General de la República en Veracruz retornó a los años y procedimientos más oscuros de la corrupción en México, ahora se guía por denuncias anónimas tipo “La Paca” y se presta a intereses particulares y políticos.
Arma investigaciones y las mantienen “enlatadas” para utilizarlas a su antojo y enderezar procedimientos contra quien se le antoje, para despojar negocios lucrativos y entregarlos a empresarios y políticos del estado.
Hace unas horas, se dio otro caso de los múltiples que ocurren en Veracruz y que ocasiona pérdidas millonarias. Antes de presentarse una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción federal (10:00 horas martes 18 de agosto), el fiscal Mauricio Alexandro Rosaldo García, judicializó el caso a las 06:00 horas para tratar de evitar responsabilidades.
Lo grave del asunto es que imputa delitos como uso ilícito de instalaciones aéreas, lo que cuestiona a la Sedena y Marina porque las pistas están ubicadas a 2 minutos aire del Aeropuerto de Veracruz. Dentro del radar de alta seguridad.
Resulta que integrantes del equipo de Rocío Nahle fueron denunciados ante la Fiscalía anticorrupción federal. El abogado de la empresa Agrogema Agro, Jorge Reyes Peralta imputa abuso y obstrucción de la justicia por más de ocho meses.
La intención era provocar una quiebra, para después limpiar el camino a empresarios y políticos Veracruzanos protegidos por los entes del poder político.
De cualquier forma el abogado Jorge Reyes Peralta presentó querella por abuso de autoridad y contra la administración de la justicia contra cuatro funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) de Veracruz ante el máximo órgano anticorrupción del gobierno federal.
Se trata de Mauricio Alexandro Rosaldo García, hermano del alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo, incondicional de la gobernadora Rocío Nahle, quien estuvo a su servicio en el triste paso por la Secretaría de Energía.
Junto con él, Carlos Manuel Pérez Solís, agente del Ministerio Público de la Federación; Andrea González Castillo, fiscal en jefe del EIL ll y Virginia Blanco Hernández, titular de la Célula Primera de Investigación todos en Xalapa, Veracruz.
Después del aseguramiento de las aeronaves (5 helicópteros) y vehículos de la empresa se ocasionó una pérdida de al menos 40 millones de pesos mensuales y se ha reducido a ‘chatarra’ el equipo de fumigación y riego para siembra de caña de azúcar en ingenios ubicados en diferentes municipios de la entidad.
La cadena de irregularidades inicio el 6 de enero pasado, cuando los funcionarios señalados iniciaron una carpeta de investigación contra la empresa Agrogema Agro Sociedad Anónima, solo con una denuncia anónima, lo cual dio pie a una orden de cateo en las instalaciones ubicadas en Camino Lomas del Porvenir 387, municipio Medellín, Veracruz.
En ese sitio, se localiza el centro de operaciones de la empresa y desde donde parten aeronaves (helicópteros) para tareas de fumigación de áreas agrícolas, la mayoría ingenios azucareros, aunque también otorga servicio a otros particulares.
En el cateo (03/2026, carpeta FED/VER/VER/0003156/2026), dirigidos por Mauricio Alexandro Rosaldo García, ingresaron a todas las instalaciones de la empresa: oficinas, helipuertos, patios, bodegas y hasta el cuarto-dormitorio de un velador, a quien le hallaron armas para defensa propia, debido a que en la entidad reina la anarquía y delincuencia. El velador no sabía si quienes allanaron eran policías o delincuentes.
La denuncia anónima fue recibida por Aldo Sánchez Galicia, Oficial Investigador “B” de la Policía Federal Ministerial, en la que una persona que dijo ser vecina de la comunidad de Medellín de Bravo expuso de manera genérica y bajo reserva de identidad que en dicha comunidad existían dos helipuertos presuntamente carentes de permisos, ubicados en “Rancho Ingeniero David Torres” y “Rancho Grupo Torque”.
Expresó, que en esos lugares, en distintos días y horarios indeterminados, se habrían observado actividades irregulares y la presencia de personas armadas, sin precisar mayores detalles.
Con las presunciones, la autoridad ministerial se constituyó y utilizaron drones violando toda privacidad y sin mandamiento judicial, para asentar elementos en la carpeta de investigación, FGR/AIC/PFM/UDN/JPFMVER/VER/MM/6968/2025, elaborado por Alejandro Amilcar Pereyra Zariñán.
“Al tratarse de un espacio resguardado del escrutinio público, el sobrevuelo a baja altura para registrar zonas ocultas a la vista común, constituyó una intromisión ilegal que requería de forma obligatoria una orden judicial de cateo”, argumenta.
De acuerdo con el documento, el Ministerio Público invocó como indicio el oficio 41232463, del 19 de diciembre de 2025, firmado por la directora de Aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en el que se hizo constar que el helipuerto “Ingeniero Torres David”, sí cuenta con permiso para la administración, operación y explotación.
Otra violación de la autoridad ministerial, documentada, es que durante el cateo se aseguraron bienes que no son propiedad de Agrogema Agro y hasta la fecha –según se expone en la denuncia –“no existe constancia clara de las circunstancias, motivos o lugar específico en que dichos bienes fueron asegurados”.
Superada la etapa de cateos y aseguramientos siguió una larga lista de violaciones legales y anomalías cometidas por los funcionarios denunciados, al grado de que personal de la FGR se robaron las cámaras del circuito cerrado de vigilancia.
Los accionistas de la empresa presentaron documentos para acreditar la propiedad de los bienes asegurados; permisos de operación tanto del helipuerto como de las aeronaves y todo estaba en regla.
La empresa Agrogema Agro, tenía una actividad permanente y continua en la fumigación de sembradíos de caña y otros. De acuerdo con datos obtenidos, fumigaba un total de diez hectáreas diarias, unas doscientas por helicóptero.
Por cada hectárea fumigada o regada, la empresa cobraba 550 pesos diarios, equivalentes a 550 mil pesos por día; sin embargo, desde que le fueron aseguradas las aeronaves y sus instalaciones, la compañía ha sufrido pérdidas por más de 40 millones de pesos.
Llama la atención de la defensa y sus clientes que ni la empresa o sus cuentas fueran aseguradas. “Agorgema Agro sigue operando y sus cuentas están sanas. Todo está en orden al igual que los permisos de helipuertos y uso de aeronaves”, indica el abogado Reyes Peralta.
El Fiscal Federal radicado en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, uno de los denunciados, es hermano del alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, incondicional de la gobernadora Rocio Nahle, pues fue responsable de las finanzas en la Secretaría de Energía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ante lo anterior, subyace una enorme sospecha que apunta a Palacio de Gobierno, en Xalapa y que debe ser investigada en la federación por el equipo de Ernestina Godoy y la presidenta Claudia Sheinbaum. Claro es imperante la separación del Fiscal por estar denunciado.
