- TEPJF firma Convenio de Colaboración con la SCJN, OAJ, INE, INPI e INALI para la defensa y promoción de los derechos político-electorales
Con la convicción de que nadie debe ser juzgado sin ser escuchado y de que la lengua es una condición clave para el acceso a la justicia, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García, expuso que en ese sentido la disponibilidad, certificación, acreditación y participación de personas intérpretes y traductoras de lenguas indígenas en el ámbito electoral es una pieza indispensable, ya que no se trata sólo de traducir palabras, sino de hacer posible la comprensión institucional.
Precisó que para asumir esa responsabilidad, el TEPJF dispone de la Defensoría Pública Electoral, cuya labor de orientación, asesoría, representación jurídica y coadyuvancia en mediación, de manera gratuita, parte de la convicción de que el acceso a la justicia no debe depender de la lengua que se habla, del lugar donde se vive, de la condición económica o de la pertenencia cultural, ya que los pueblos no deben adaptarse a las instituciones; más bien, las instituciones deben estar a la altura de la exigencia constitucional respecto a la pluralidad de México.
“Cuando una persona no puede expresarse plenamente en su idioma, la justicia escucha menos. Cuando una autoridad carece de intérpretes, traductores o herramientas de comprensión cultural, puede decidir, sí, pero sin comprender plenamente el sustrato del conflicto”, expresó Bátiz García.
Durante la firma del convenio marco de colaboración entre la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), el TEPJF, el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INLI), el magistrado electoral enfatizó que una persona accede plenamente a la justicia cuando puede ser comprendida en su lengua, en su contexto y desde su forma de organización.
Sostuvo que este convenio es indispensable, pues su propósito es articular capacidades institucionales, establecer el punto de partida de un instrumento institucional eficaz, para fortalecer el acceso de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a sus derechos político-electorales y a la jurisdicción electoral, con perspectiva intercultural, interseccional, lingüística, territorial y de género.
“La justicia electoral tiene una responsabilidad particular en esta tarea. La interculturalidad exige reconocer autonomía y libre determinación y, al mismo tiempo, garantizar igualdad, participación política, paridad, tutela judicial efectiva y protección frente a exclusiones históricas”, puntualizó.
El presidente del TEPJF abundó que lo anterior requiere herramientas concretas, y confió en que el citado convenio permitirá avanzar en formación y capacitación; acceso a la justicia electoral; fortalecimiento de lenguas indígenas; participación de intérpretes y traductores; generación de conocimiento; difusión de derechos político-electorales y materiales culturalmente pertinentes.
La firma de Convenio de Colaboración estuvo encabezada por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz; el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano; el director general del INPI, Adelfo Regino Montes; la directora general del INLI, Inocencia Arellano Mijarez, y la consejera electoral Frida Gómez Puga, en representación de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala.
Así como las ministras y los ministros del pleno de la SCJN Lenia Batres Guadarrama, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García; el magistrado integrante del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) Rufino León Tovar, y la magistrada de la Sala Superior del TEPJF Claudia Valle Aguilasocho, así como autoridades de diferentes instancias del Poder Judicial de la Federación que se dieron cita a este evento.