• Exigen detener consulta y construirlos nuevamente mediante un proceso abierto, plural y técnicamente serio.
• El gobierno no puede ser al mismo tiempo fuente de la versión oficial y supervisor de las voces críticas, señalan.
Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), exigieron al gobierno federal que suspenda el proceso, consulta, aprobación y expedición de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias por considerar que son un instrumento del oficialísimo para censurar y establecer un estado autoritario violentando la libertad de expresión y el derecho a la información.
En un Punto de Acuerdo los priistas sostienen categóricamente estar a favor de los derechos de las audiencias, pero se oponen a que el gobierno utilice una práctica legítima para esconder una regulación peligrosa.
Señalaron que desde la discusión de la nueva legislación en 2025 advirtieron que se trataba de una Ley Censura donde los lineamientos sometidos hoy a consulta son el mecanismo con el que se pretende poner en marcha ese modelo de vigilancia y control, poniendo en riesgo la libertad de expresión.
Y es que, añaden, resulta especialmente preocupante que una autoridad inserta en la estructura del Ejecutivo pretenda valorar contenidos de los medios que investigan y cuestionan al propio Ejecutivo.
“El gobierno no puede ser al mismo tiempo fuente de la versión oficial y supervisor de las voces que la contradicen y autoridad capaz de sancionarlas”, enfatizan.
Pero el riesgo puede llegar más lejos ya que faculta a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y Radiodifusión para ordenar la suspensión precautoria de transmisiones por violaciones a las normas de derechos de las audiencias. “No es exageración: el marco legal permitiría llegar hasta sacar una transmisión del aire”, subrayan.
Por ello, puntualizan, no basta con realizar ajustes menores: los lineamientos sometidos a consulta deben detenerse y construirse nuevamente mediante un proceso abierto, plural y técnicamente serio.
“Se debe proponer un proceso completo en el que participen periodistas, concesionarios, medios públicos, privados, comunitarios, indígenas y afromexicanos, defensorías de audiencias, universidades, organizaciones defensoras de la libertad de expresión y personas con discapacidad”, concluyen.
