Violencia política contra las mujeres debilita legitimidad en instituciones públicas: magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso

Electoral
  • La también presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas inaugura curso regional sobre Violencia Política contra las Mujeres y Violencia Digital por Razones de Género
  • La iniciativa fortalecerá las capacidades de cerca de 200 personas servidoras públicas de 11 organismos electorales de seis países de América Latina para prevenir y atender la violencia política y la violencia digital por razón de género

La violencia política contra las mujeres no debe entenderse únicamente como una afectación individual, sino también como una barrera estructural para la igualdad, una alteración de la competencia democrática y un factor que debilita la legitimidad de nuestras instituciones, sostuvo la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

En ese sentido, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y presidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) subrayó que fortalecer las capacidades de las instituciones electorales es indispensable para proteger la democracia, garantizar procesos electorales íntegros y asegurar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos político-electorales.

La magistrada Soto Fregoso expuso lo anterior, al participar en la inauguración del curso regional titulado “Violencia Política contra las Mujeres y Violencia Digital por Razones de Género: Herramientas para los Organismos Electorales de América Latina”.

Como parte de una iniciativa impulsada por IDEA Internacional, en alianza con la AMEA, el curso convocó a participantes de las autoridades electorales a reflexionar sobre la prevención, atención y respuestas institucionales a estas formas de violencia. El programa reunirá durante seis semanas a cerca de más de 160 participantes de 11 organismos electorales de Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay.

Durante la inauguración del curso regional, la magistrada electoral destacó que la evolución de las tecnologías digitales exige que las autoridades electorales actualicen sus capacidades técnicas, jurídicas e institucionales para enfrentar fenómenos como el acoso en línea, la desinformación, la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial y otras manifestaciones de violencia digital que afectan de manera diferenciada a las mujeres que participan en la vida pública.

Asimismo, señaló que la respuesta institucional debe privilegiar la prevención, la detección temprana, la atención especializada, la protección de las víctimas, la investigación, la sanción efectiva y la reparación integral.

En el encuentro, las participantes destacaron el caso mexicano como referente regional en la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

Al respecto, la expresidenta del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Yolima Carrillo, afirmó que México se ha consolidado, “a golpe de sentencias”, como un referente en América Latina por el desarrollo de criterios jurisdiccionales y de herramientas institucionales para combatir la violencia política contra las mujeres por razón de género.

Asimismo, Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe, de IDEA Internacional, destacó los avances y retos con respecto a la paridad de género y la representación política en América Latina y el Caribe, destacando a la región como una de las de mayor avance legislativo en el mundo.

El curso se desarrollará del 5 de agosto al 9 de septiembre en formato virtual. Al concluir el programa, las y los participantes recibirán una certificación conjunta de IDEA Internacional y de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA). La iniciativa se desarrolla con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Con esta iniciativa, el TEPJF, IDEA Internacional y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA) refrendan su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de las autoridades electorales, la cooperación regional y la construcción de democracias más inclusivas, paritarias y libres de violencia contra las mujeres.