La transparencia, kryptonita para Morena
Javier Divany Bárcenas
La transparencia no ha sido algo que caracterice al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a lo largo de sus gobiernos, es su kryptonita que los debilita ante los vacíos de sus gestiones y transas que se cubren unos con otros.
Recordemos que el líder moral, Andrés Manuel López Obrador, desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, reservó la información de la construcción de los segundos pisos del Periférico por diez años.
Contratos, gastos y convenios de la obra realizada entre 2002 y 2006 de los segundos pisos en la Ciudad de México, quedaron bajo cajas, aunque los morenistas afirmaban que eran públicos y auditables, nadie ha podido saber sobre los excesos en la construcción de los mismos.
Durante la administración de López Obrador (2018-2024), organizaciones civiles y especialistas documentaron un retroceso en el acceso a la información pública, marcado por el uso frecuente de la figura de “seguridad nacional” para reservar datos de obras prioritarias y un incremento en las negativas de entrega de documentos.
La opacidad y la clasificación de obras fue la característica de los proyectos realizados durante su gestión en obras como el Tren Maya, el AIFA de la que la información quedó bajo el argumento de seguridad nacional.
A pesar de las quejas de la ciudadanía, de los medios de comunicación y de los investigadores, ante la negativa del gobierno federal que ignoraba la necesidad de la transparencia, se sumó el debilitamiento de las instituciones, se negó información y se eliminaron órganos autónomos como el INAI.
También con el argumento de austeridad republicana, el ADN de López Obrador, era quitar de su camino todo aquello que en algún momento se interpusiera en su camino y su carrera política, todo lo que le envenenó su mente, como fue el caso de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, que durante los gobiernos neoliberales era utilizada para atacarlo.
Otros organismos del propio gobierno que fueron incómodos para su ascenso fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el mismo Instituto Nacional Electoral (INE) que estuvo a nada de desaparecer sus atribuciones en manos del gobierno de Andrés para concentrarlos en Gobernación, y uno más el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación del que buscó el control, hasta que lo logró.
Andrés fue quien impulsó y solicitó reiteradamente la desaparición del INAI, bajo el pretexto de que era un órgano costoso, ineficiente y que protegía intereses creados, lo que motivó a Morena a realizar reformas constitucionales sobre órganos autónomos que derivó en su extinción.
La gente confiaba en el INAI, pese a los argumentos del gobierno de que costaba cerca de mil millones de pesos al año sin beneficiar al pueblo y que solo operaba al servicio de minorías al igual que solapaba actos de corrupción.
Tras ocho años de no conocer la transparencia gubernamental de los gobiernos morenistas, la presidenta Claudia Sheinbaum va ahora en contra de los principios del líder moral (López Obrador) y anunció desde Palacio Nacional la realización de un decreto para reactivar el acceso a la información en todo su gobierno.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, respaldó el decreto de la jefa, para que ahora sí todas las instituciones del gobierno federal publiquen información más allá de las obligaciones legales.
Desde que el INAI desapareció, no ha habido acceso a la información del gobierno, pues el traslado del INAI a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno mantuvo el Portal de Transparencia en la oscuridad.
Las voces políticas, como la de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, no aplauden este anuncio, exigen la creación de una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o la reserva de información, la cual sigue siendo indispensable especialmente cuando los datos solicitados pueden resultar incómodos o desfavorables para las propias autoridades.
De ser real la intención del gobierno federal de Claudia Sheinbaum, de transparentar la administración pública de todo el país, es importante que todos los poderes, incluyendo el legislativo, y los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, y municipal, adopten estas medidas de apertura y de transparencia.
Kenia coincidió en lo esencial del decreto, que toda institución que ejerza recursos públicos tiene la obligación de rendir cuentas y llamó a que ningún político, ni servidor público debe estar en la opacidad, enriqueciéndose de manera ilícita o abusando del poder.
@javierdivanybz
