Javier Divany Bárcenas
Tras la firma del decreto para la transparencia en el gobierno Federal, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que ante todo es necesario contar con una instancia profesional, imparcial e independiente que revise las decisiones sobre la entrega o la reserva de información, la cual sigue siendo indispensable especialmente cuando los datos solicitados pueden resultar incómodos o desfavorables para las propias autoridades.
En conferencia de prensa, mencionó que escuchó la convocatoria formulada desde el poder ejecutivo para que todos los poderes en este país, incluyendo el poder legislativo, también los distintos órdenes de gobierno, federal, estatal, y municipal, adopten estas medidas de apertura y de transparencia.
En el poder legislativo, recibo este llamado con responsabilidad y coincido en lo esencial, toda institución que ejerza recursos públicos tiene la obligación de rendir cuentas. Ningún político, ni servidor público debe estar en la opacidad, enriqueciéndose de manera ilícita o abusando del poder.
Kenia indicó que a Cámara de Diputados debe ser un poder que garantice legalidad y transparencia, que le permite a los ciudadanos vigilar que el presupuesto se ejerza con eficiencia, racionalidad y sobre todo sensatez que cumpla los fines que la ciudadanía demanda y por supuesto espera.
“No puede haber excesos ni abusos, no puede haber patrimonios inexplicables de los políticos o los servidores públicos en ningún espacio de poder público. Es indispensable que cada peso utilizado pueda ser rastreado y sea conocido como cuándo y en qué se gasta”.
La diputada panista señaló que la rendición de cuentas debe aplicarse a todos, sin excepciones y sin privilegios.
También hoy en la mañana se anunció la presentación de una iniciativa para incorporar estas medidas a la ley General de transparencia y acceso a la información pública, y cuando sea recibida formalmente aquí en esta Cámara de Diputados, por supuesto, tendremos la oportunidad de analizarla junto con las demás iniciativas que se han presentado y seguramente se presentarán por los distintos grupos parlamentarios y así contribuir a un debate amplio, responsable y sobre todo serio.
De manera particular, debemos asegurar que la seguridad nacional sea invocada únicamente como una excepción debidamente fundada y justificada y nunca con el pretexto de ser información de seguridad nacional, pues se niegue de manera automática esa información a los ciudadanos.
Incluso cuando una parte de un documento deba reservarse pueda privilegiarse la elaboración de versiones públicas que permitan conocer a los ciudadanos una parte importante y trascendente del proceso del que se hable.
Recordó que la reforma constitucional que extinguió al INAI generó aquí en esta Cámara de Diputados un profundo y muy polarizado debate, pues por una parte, se sostenía que era necesario trasladar las facultades de este organismo y corregir algunas deficiencias y por otra, se advertía que esa desaparición de un organismo constitucionalmente autónomo debilitaría la garantía de el derecho a la información de las y los ciudadanos.
La diputada indicó que hay una exigencia nacional, se exige, se reclama desde la ciudadanía que se combata la corrupción. Esa corrupción que lastima y que por supuesto daña al erario y por consecuencia daña a la ciudadanía.
Dijo que es importante asegurar que la ciudadanía pueda conocer de manera completa y de manera oportuna cómo se toman las decisiones públicas y cómo se utilizan los impuestos de los mexicanos. “La opacidad, la falta de transparencia abre espacios terribles a la corrupción, al enriquecimiento ilícito y al abuso del poder”.
También es positivo que se fortalezca el principio de máxima publicidad. La regla debe ser abrir la información porque reservarla sin lugar a dudas, debe ser una excepción. Por cierto, una excepción que esté fundada y totalmente justificada.
Enfatizó que es indispensable contar con resultados claros, porque la información debe ser completa, no a pedazos, oportuna, con versiones públicas que sean útiles para la ciudadanía y para los medios de comunicación y con mecanismos efectivos que puedan revisar cuando se da una negativa de acceso a la información pública.
