Javier Divany Bárcenas
En los últimos 25 años se han perdido 5 millones de hectáreas de bosques y selvas, de recursos forestales en México, lo que refleja mucho de nuestro país y como la sociedad es voraz a nuestro propio territorio, así señaló el diputado federal Jesús Cuanalo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y secretario de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LXVI Legislatura.
Dijo que a casi cuatro décadas de la creación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es urgente actualizarla, pues advirtió que constituye uno de los temas ambientales más relevantes para el país, al tratarse de una legislación promulgada en 1988 que requiere adecuarse a los desafíos actuales derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la restauración de ecosistemas, la economía circular y el desarrollo sostenible.
Durante el “Foro para la Modernización de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA)”, que se realizó en la Cámara de Diputados, en el participaron autoridades de medio ambiente, especialistas y académicos, el legislador mencionó que esta ley ha permitido establecer las bases de la política ambiental nacional, distribuir competencias entre federación, entidades federativas y los municipios y regular la evaluación del impacto ambiental.
Sin embargo, reconoció que además que hoy el contexto es muy diferente a hace cuatro décadas, el país ha sufrido en este periodo un constante deterioro de los recursos naturales.
El 70% de los cuerpos de agua contaminados en nuestro país, por citar un ejemplo de este deterioro ambiental que vivimos, además, se debe actualizar mucho la responsabilidad de los municipios, que son la base del cambio de uso de suelo, del crecimiento urbano desordenado, de la contaminación de los cuerpos de agua y que la gran mayoría de los municipios de México no han atendido a hacer planeación con un programa de ordenamiento ecológico del territorio.
Hace casi 40 años la pérdida de biodiversidad no tenía la dimensión que hoy conocemos, pues hoy vivimos en una de las mayores crisis de extinción de especies en la historia reciente del planeta.
La contaminación por plástico, los contaminantes emergentes, la degradación acelerada de suelos, la escasez y contaminación de agua, los incendios forestales de mayor intensidad. “Ahora mismo las noticias hablan de los terribles incendios en España, por ejemplo, y la frecuencia de estos desastres naturales, así como la necesidad de restaurar ecosistemas completos, son problemas que exigen una visión distinta de política ambiental”.
Cuanalo insistió en que se debe convocar al poder legislativo, al gobierno de México en invertir más en el sector ambiental de México. Por lo que, hablar de la modernización de la Ley no significa únicamente modernizar artículos o actualizar conceptos, significa reflexionar sobre el modelo ambiental que México necesita en el presente y para las próximas décadas.
Enfatizó que la construcción de una nueva LGEEPA debe realizarse mediante un proceso abierto, plural e incluyente, en el que participen autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil, sector productivo y ciudadanía, convencido de que las mejores leyes se construyen escuchando todas las voces.
El encuentro realizado en conjunto con el Colegio de Biólogos de México, reunió a diversos actores del sector ambiental del país para analizar la necesidad de actualizar la legislación que, desde hace casi cuatro décadas, constituye la base del marco jurídico ambiental mexicano.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, envió en su lugar a Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental de la SEMARNAT, del sector académico participaron representantes de la Universidad Autónoma Chapingo, el Colegio de Postgraduados, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la UTEM, investigadores, estudiantes y especialistas.
Además, estuvieron la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C., el Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C., AMUVAA, A.C., el Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social, el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental (CEMDA), la Academia Nacional de Ciencias Forestales, la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, The ICCF Group y EDF de México.
