El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México dio a conocer su informe «Travesías Forzadas. Desplazamiento interno en México 2025». En la presentación, las investigadoras del Programa de Derechos Humanos, Agnes Jiménez, Suelem Luna y Janette Carrillo señalaron que este documento ofrece un análisis sobre los eventos de desplazamiento interno en el país, con el objetivo de contribuir al diseño de respuestas integrales y políticas públicas basadas en evidencia.
Principales hallazgos
El informe es el resultado de un monitoreo de medios de comunicación a nivel nacional. Durante el periodo 2025, se identificaron los siguientes puntos clave:
- Se documentaron por lo menos 15,795 personas desplazadas internas, distribuidas en 73 eventos a lo largo del año.
- El monitoreo detectó presencia de este fenómeno en 11 estados, destacando una mayor frecuencia en Sinaloa (39.2%), Chihuahua (28.4%) y Michoacán (21.3%).
- Se identificó que el 83% de los eventos de desplazamiento fueron causados por violencia vinculada con criminalidad organizada.
- Se documentó un creciente uso de explosivos, drones y presencia de minas antipersona en los territorios, lo que ha impactado la seguridad, salud, vivienda, medios de vida y la posibilidad de satisfacer necesidades básicas.
Durante la presentación, las investigadoras resaltaron como un avance significativo la inclusión de una pregunta sobre desplazamiento interno en la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. Sin embargo, enfatizaron que todavía existen áreas de oportunidad para robustecer el marco institucional, tales como la creación de una Ley General en la materia, el desarrollo de un registro nacional articulado y el fortalecimiento de mecanismos de prevención y atención para alcanzar soluciones duraderas.
En la presentación del informe también estuvieron Daniel Macguire de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Flor Estela Morales Hernández, titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), e Iris Martínez Cepeda, persona desplazada de San Juan Copala, Oaxaca, y defensora de derechos humanos.
Sobre la situación del desplazamiento interno, Iris Martínez Cepeda comentó que “hay pequeñas comunidades que son desplazadas pero no se toman en cuenta. Nosotras no tenemos dónde refugiarnos, no tenemos atención a la salud. Costeamos nuestra vida, el alimento, la luz. Para mí es un tema un poco duro porque no me alcanzarían palabras para explicarles lo vivido en este tiempo”.
Por su parte, Flor Morales Hernández, de la CADH, señaló que “las instituciones han fallado, entonces es difícil que las familias den un voto de confianza. Es importante dialogar con las comunidades para establecer acuerdos”. Además, sobre la necesidad de garantizar respuestas coordinadas, señaló que “la agenda de derechos humanos le toca a todo el Estado, entonces necesitamos articular acciones para dar atención a la altura de lo que requieren las personas”.
Asimismo, Daniel Macguire destacó que una de las fortalezas del monitoreo es que se busca incluir las cifras de las autoridades para fortalecer los registros. Al respecto, mencionó que “reconocemos que es un tema de pasos a pasos, que requiere generación de trabajo, sostenida. Hemos visto progresivamente un cambio con autoridades locales y estatales para dar respuesta a la falta de datos”. Asimismo, profundizó en la importancia de contemplar las voces de las personas desplazadas para mejorar la respuesta al fenómeno.
“Lo que no se nombra no existe y lo que no se contabiliza no se puede atender” concluyeron las investigadoras de la Universidad Iberoamericana al finalizar la presentación del informe, haciendo un llamado al reconocimiento de las personas desplazadas y la necesidad de una respuesta coordinada entre los municipios, estados y la federación.
