- Nashieli Ramírez hizo un llamado a quienes laboran en la administración pública local a realizar este proceso lo antes posible; además de ser una obligación, es un compromiso ético con la
- Subrayó la relevancia de su cumplimiento, en tanto que éste permite que las personas servidoras públicas impulsen una transformación institucional orientada al ejercicio efectivo del derecho a la buena administración.
La secretaria de la Contraloría General (SCG), Nashieli Ramírez Hernández, presentó su declaración patrimonial y de intereses en el marco de la campaña “Campeonato de Declaraciones 2026: cada declaración es un gol a favor de la rendición de cuentas”.
Al concluir su trámite, Ramírez Hernández hizo un llamado a las personas servidoras públicas que pertenecen a la Secretaría y, en general, a quienes laboran para la administración pública local, a realizar este proceso lo antes posible, ya que, además de ser una obligación, también es un compromiso ético con la sociedad.
Destacó que, para llevar a cabo este proceso, hay múltiples opciones a disposición de quienes las requieran, como el micrositio informativo:
https://contraloria.cdmx.gob.mx/campeonato_declaraciones/2026/index.php, el cual cuenta con toda la información necesaria para el llenado de cada una de las declaraciones.
Recordó que más de mil personas servidoras públicas de dependencias, alcaldías y Órganos Internos de Control (OIC) fueron capacitadas para que, durante todo el mes de mayo, apoyen a las y los trabajadores en la realización de su trámite correspondiente.
Por otra parte, la Dirección de Situación Patrimonial de la SCG puso a disposición de quien lo necesite el número telefónico 55 56 27 97 00, extensiones 50033, 50029, 50233, 50221 y 54131, además del correo electrónico declara@cdmx.gob.mx, en el que serán atendidas todas las dudas y comentarios acerca de esta obligación.
Finalmente, Ramírez Hernández resaltó la importancia de cumplir lo antes posible con este trámite, ya que, al hacerlo, quienes trabajamos para el gobierno comenzamos a generar un cambio en el que se ejerce el derecho a la buena administración.
