Washington, DC—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa preocupación por la escalada de la violencia relacionada con las pandillas en Haití, así como por informes que indican que algunas operaciones de las fuerzas de seguridad con uso de drones, llevadas a cabo en colaboración con actores privados durante el último año, han causado la muerte de numerosas personas, incluidos niños y niñas.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala que, entre marzo de 2025 y enero de 2026, al menos 5.519 personas fueron asesinadas y 2.608 resultaron heridas, principalmente en Puerto Príncipe. En este contexto, datos verificados por la OACNUDH indican que al menos 1.424 personas murieron y 790 resultaron heridas como consecuencia de la violencia perpetrada por pandillas; al menos 3.497 personas murieron y 1.742 resultaron heridas en el contexto de operaciones contra pandillas lideradas por fuerzas de seguridad; y al menos 598 personas murieron y 76 resultaron heridas en ataques contra pandillas llevados a cabo por “grupos de autodefensa” conformados por civiles.
Recientemente, entre el 28 y el 29 de marzo de 2026, acciones vinculadas a pandillas en Artibonito provocaron la muerte de al menos 70 personas y dejaron alrededor de 30 heridas. Los informes también incluyen el secuestro y asesinato de los periodistas Junior Célestin y Osnel Espérance a mediados de marzo, así como un ataque armado contra el periodista Marvel Dandin.
En respuesta a la violencia generalizada vinculada a las pandillas, las operaciones estatales han incluido el uso de drones y disparos desde helicópteros. La información disponible de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) y de organizaciones de la sociedad civil indica que estas operaciones han causado al menos 60 muertes y 49 personas heridas entre personas presuntamente no afiliadas a pandillas, incluidos 13 niños y niñas fallecidos y 10 heridos. Asimismo, el informe de la OACNUDH del 24 de marzo de 2026 señala que algunos de estos ataques con drones habrían sido llevados a cabo por fuerzas de seguridad nacionales con apoyo de un contratista militar privado extranjero.
En sus comentarios al presente comunicado de prensa, el Estado indicó que estas operaciones se llevan a cabo en zonas en las que actualmente están bajo el control de grupos criminales, tras la identificación previa de objetivos y con salvaguardias orientadas a minimizar daños colaterales.
La CIDH reconoce la responsabilidad del Estado de proteger a la población frente a la violencia de las pandillas y garantizar el orden público, así como sus esfuerzos para hacer frente a esta situación. No obstante, en ausencia de una calificación jurídica clara de conflicto armado, las acciones estatales se enmarcan en operaciones de seguridad pública y se rigen por las normas internacionales de derechos humanos. En consecuencia, todas las muertes alegadas, incluidas aquellas ocurridas en el contexto de dichas operaciones, deben ser investigadas con prontitud, ya que podrían constituir privaciones arbitrarias de la vida.
Las presuntas muertes de niños y niñas resultan particularmente preocupantes, ya que ocurren en un contexto de creciente reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes por parte de las pandillas en Haití. En cuanto a la violencia contra la prensa, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha observado que, a medida que los grupos criminales consolidan su control territorial, los secuestros y las desapariciones forzadas de corta duración silencian a periodistas, facilitando la censura y la comisión de nuevos delitos.
Además, la participación de actores privados en operaciones de seguridad debe garantizar el pleno cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. En consonancia con la Resolución No. 01/26, la Comisión insta a respetar el derecho a la vida, señalando que tales operaciones conllevan riesgos y deben llevarse a cabo con un enfoque basado en derechos humanos y con la debida diligencia.
La Comisión reafirma su compromiso de continuar monitoreando la situación en Haití y de apoyar, a través de sus mecanismos, a las víctimas y comunidades afectadas. La CIDH enfatiza la necesidad de fortalecer las medidas de protección, garantizar la transparencia en las operaciones de seguridad y cumplir con las normas internacionales para reducir los riesgos para la población. Asimismo, continuará apoyando respuestas que respeten los derechos humanos y protejan a las personas afectadas por la violencia en curso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato emana de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La CIDH tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Está integrada por siete personas miembros independientes, elegidas por la Asamblea General de la OEA a título personal, quienes no representan a sus países de origen o residencia.
