El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática manifestó su postura en contra del acuerdo suscrito por la Junta de Coordinación Política, para presentar ante la SCJN, una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas en el intento de que sea en San Lázaro y no en aquella entidad, donde se defina si se retira o no el fuero al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Al afirmar que si bien hay la certeza y convicción de que “quien otorga el fuero tiene la facultad de quitarlo” y de que “la inmunidad procesal debe ser modificada para que el Ministerio Público pueda proceder en las investigaciones penales a que haya lugar (incluso antes de que la Cámara sea notificada) el PRD basó su negativa en el sentido de que “es indispensable salvaguardar el federalismo” bajo el cual opera nuestro régimen gubernamental.
El legislador recordó que en el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución General de la República, y el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la determinación final del desafuero de diversos servidores públicos de los estados -entre ellos el Gobernador- y en términos de sus atribuciones, corresponderá a los congresos de los estados en tanto que el juicio de procedencia que realice la Cámara de Diputados tendrá únicamente el carácter “declarativo”, por lo que la última palabra en el caso del gobernador panista, está del lado de Tamaulipas.
Antonio Ortega subrayó que “el procedimiento de desafuero no es una declaración intrínseca de culpabilidad. El Juicio de procedencia no prejuzga sobre la responsabilidad del funcionario, sino que lo pone a disposición de las autoridades a quienes sí corresponde esta tarea”.
“Estamos convencidas y convencidos –afirmó- de que quien otorga el fuero, tiene la facultad de quitarlo, ‘el que pone, quita’ y es por ello que, a pesar de lo expresado en la presente controversia, creemos indispensable salvaguardar los fundamentos de nuestro régimen federalista, por lo que nuestro voto es en contra”.
El perredista enfatizó en su argumentación que existen precedentes jurisprudenciales de la propia Suprema Corte (a la que Morena y sus aliados recurrirán); donde se define la inatacabilidad de estas decisiones como blindaje respecto de la intromisión del poder judicial…
En el mismo sentido, recordó, debemos señalar que en la controversia constitucional 24/2005, interpuesta por esta Cámara de Diputados en contra de un Acuerdo similar (emitido por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal) durante el juicio de procedencia en contra del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador; la Suprema Corte determinó que los congresos estatales sí tienen la facultad para emitir ese tipo de Acuerdos; pero en aquel momento fue negada dicha facultad a la Asamblea, debido a que ni se trataba de un Congreso estatal, ni el Jefe de Gobierno era gobernador.
Ante este contexto, enfatizó el perredista, “resulta imprescindible que, una vez que hemos determinado la autonomía del Ministerio Público, lo dotemos de las herramientas necesarias para que pueda ejercer sus funciones sin distinción de partidos o padrinazgos, para dar cumplimiento cabal al principio de igualdad ante la Ley, derecho que nos corresponde a todas y todos los mexicanos”.
Esperamos de la misma manera, señaló, que podamos proceder al desahogo de todos los procedimientos de desafuero y juicio político pendientes en esta Cámara (más de 300), entre los cuales se hallan los relativos a personajes cuestionables allegados de la “4ª Transformación”, particularmente el que presentamos en contra del gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García”, remató.
