La Política Nacional Rectora de Vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México (Documento Rector) vulnera los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y viola sistemáticamente sus propias reglas básicas. Por tal motivo, en México se han tenido que tramitar amparos para solicitar al Poder Judicial de la Federación la protección del derecho humano a la salud y el interés superior.
Al respecto, la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz Contreras acusó que la política de vacunación durante la pandemia defendida por el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha operado de forma facciosa, basada en cálculos políticos y creencias personales sobre las probabilidades de riesgo, en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes.
“El gobierno de López Obrador debe pasar a la historia por sostener una posición ideológica vulgar que lastimó el derecho a la salud de la niñez mexicana. No debemos olvidar que primero fueron las familias con niñas, niños y adolescentes de 11 a 17 años los que tuvieron que promover amparos para acceder a la vacunación; luego, los de 5 a 11; y ahora, comienzan a promoverse amparos para los de 6 meses en adelante”, señaló.
Díaz Contreras reconoció el papel que han tenido los jueces y magistrados federales durante la pandemia, ya que ha sido la única forma de hacer exigibles los derechos de la niñez. Celebró que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversos Tribunales Colegiados de Circuito hayan emitido diversos criterios en los que se reconoce que “los menores de esta edad quedaron excluidos del plan de vacunación, a pesar de existir evidencia científica en el sentido de que también pueden contraer el virus, enfermar gravemente e, incluso, fallecer.”
Desde finales de 2021 las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y Europa autorizaron la vacunación para niños de 5 años en adelante. Para enero de 2022, en más de 20 países alrededor del mundo ya habían comenzado a vacunar a niñas y niños de esa edad. Sin embargo, en México fue hasta el mes de marzo cuando se aprobó el uso de emergencia de la vacuna.
La líder perredista criticó que las autoridades sanitarias hayan omitido su deber de garantizar el derecho a la salud escudándose en la Cofepris, al atrasar deliberadamente la aprobación del uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños, niñas y adolescentes a pesar de la evidencia internacional; para luego pretextar durante meses que si bien estaba aprobada no se contaba con vacunas para ese sector, evidenciando su ineptitud administrativa.
“López-Gatell no solo ha sido negligente sino también criminal, ya que impuso una decisión personal que perjudicó la salud y vida de menores de 5 años en adelante”, lamentó Díaz Contreras.
La Secretaria General llamó al Poder Judicial de la Federación a no dejar de analizar esta práctica mañosa del Subsecretario de Salud, ya que recientemente las autoridades sanitarias de los Estados Unidos autorizaron el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech y Moderna para los niños y niñas de 6 meses de edad en adelante. No obstante, usarán nuevamente a la Cofepris como instrumento negligente para atrasar su aprobación, a pesar de la evidencia científica internacional, criticó Díaz Contreras.
Con la experiencia de los últimos meses, es previsible que las autoridades sanitarias sigan burlándose de los derechos de la niñez; argumentando en los juicios amparo que “no existen condiciones materiales ni jurídicas para aplicar la vacuna”. Por ello, Adriana Díaz Contreras exhortó al Poder Judicial aplicar un criterio de protección amplia de derechos que impida la omisión deliberada y criminal de las obligaciones legales que tiene el gobierno federal para prevenir y cuidar la salud pública, por lo que sería un error otorgar más facultades administrativas a López-Gatell.
