En México no se trata de cancelar la actividad minera para caminar hacia un “extractivismo sensato”, sino de regularla para que abone a la economía nacional, sostuvo la doctora Aleida Azamar Alonso, investigadora de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Para evitar que las empresas de ese sector que han llegado al territorio nacional –principalmente de Canadá y Estados Unidos– generen daños irreparables a los ecosistemas y a la salud humana es urgente que el gobierno federal adecúe la Ley Minera y genere un diálogo con las partes, dijo en la conferencia Megaminería en México, escenarios y consecuencias, que dictó en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados.

La profesora del Departamento de Producción Económica insistió en la necesidad de aplicar un control adecuado y, por supuesto, de preguntar a las comunidades si están de acuerdo o no en que las empresas perforen sus territorios.

Con motivo de la presentación de sus libros más recientes Megaminería en México. Explotación laboral y acumulación de ganancias y Minería en América Latina y México. Problemas y consecuencias, la académica mencionó que no sólo existen riesgos cuando las transnacionales del ramo exploran, sino también cuando cierran las minas, porque no lo hacen de una manera apropiada.

En México hay cuatro empresas que han declarado el cierre de minas, una de ellas es San Javier, en San Luis Potosí, “pero si uno revisa desde arriba con un dron –y ya lo hicimos– se ven todos los desperdicios”, que lamentablemente son aprovechados por los gambusinos, que necesitan comer y sólo utilizan guantes para manipular el oro y la plata, por lo que se intoxican y eso puede llevarlos a la muerte”.

La presidenta de la Sociedad Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica refirió que el país ocupa el primer lugar en producción de plata; el octavo en oro y “estamos entre los diez primeros lugares en cobre y metálicos y no metálicos: bismuto, florita y manganeso, por lo que somos ricos en recursos naturales y minerales”.

Todo esto ha acarreado el surgimiento de alrededor de 800 conflictos socioambientales y varios de ellos corresponden a la minería, que registra una tercera parte del territorio concesionado para la actividad, aunque el resto de la superficie es susceptible de explorar o explotar, lo cual genera disputas por la tierra, porque si una empresa se instala significa el desalojo de un indígena, además de que el extractivismo necesita agua y madera, recursos que serán sustraídos de la nación.

La doctora Azamar Alonso precisó que las empresas exportan más de 50 por ciento de minerales, pues en la legislación el gobierno avala la extracción y el envío a otros lugares, es decir, “nuestras leyes lo permiten”.

En México existen más de 1,100 proyectos mineros, los cuales se encuentran principalmente en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, lo que no quiere decir que no haya proyectos mineros en Guerrero, Oaxaca y en otras partes”, ya que hasta en Chiapas han encontrado hierro y otros minerales.

La maestra Beatriz Olivera Villa, investigadora en el Programa Territorio, Derechos y Desarrollo en el tema de industrias extractivas de Fundar Centro de Análisis e Investigación, destacó la contribución importante que refiere en sus libros la doctora Azamar Alonso, quien plantea de una manera prudente, pero con datos duros y sustentados, la situación que vive la minería en México e incluso se pregunta si la actual ley en la materia está favoreciendo a las empresas.

La especialista coincidió en la urgencia de revisar esa legislación enmarcada en una época liberal, por lo que confió en que durante la administración actual se concrete una norma real para evitar la sobreexplotación, sobre todo cuando se cuenta con 182 áreas naturales protegidas en el territorio nacional y en que haya una coordinación con la Subsecretaría de Minería.

La diputada federal Beatriz Robles Gutiérrez, ingeniera de los alimentos de la Unidad Iztapalapa de la Casa abierta al tiempo, subrayó que “discutiremos en la mira de nuestros pueblos y comunidades de origen la minería y su explotación”.

Además agradeció a Azamar Alonso por su participación en este espacio, porque “como mujeres en estas áreas de incidencia social podemos sentar las bases para que las políticas públicas y medioambientales en este sector puedan mejorarse hasta responder a las necesidades contemporáneas de nuestra sociedad”.

La legisladora Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, psicóloga social por la UAM y secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, expuso que la minería debe regularse sin descuidar la protección de los recursos naturales, ya que en ocasiones los minerales salen por las aduanas en forma ilegal, por lo que se requiere establecer esta práctica como delito grave.

El licenciado Antonio Suárez, director general del Registro de Minas, en representación del subsecretario de Minería perteneciente a la Secretaría de Economía, aceptó que la minería causa daños y deben desarrollarse nuevas tecnologías, porque los efectos de esta actividad son estridentes.