Urge plan de rescate a trabajadores y empresas ante estrategia fallida de la 4-T: PRD

Nacional

Es urgente que el gobierno federal implemente un auténtico plan de rescate para los 2.5  millones de trabajadores que perdieron su empleo durante la pandemia según el INEGI sumado a la quiebra de 400 mil pequeñas empresas y la caída -9 por ciento del PIB en 2019, dijo la secretaria genera del PRD, Adriana Díaz Contreras.

Indicó que la Secretaría de Hacienda estima que el país crecerá un 4.6 por ciento para este año. Sin embargo, aún en el supuesto de alcanzar ese nivel de crecimiento, no será suficiente para recuperarse de los efectos de la crisis del año pasado que aumento del 10 millones a los mexicanos en situación de pobreza y la perdida adicional de 1.8 millones de empleos informales.

“Al gobierno federal no le ha importado salvar al sector productivo, los empleos e ingresos de las familias, sino garantizar sus programas sociales y proyectos prioritarios y mega obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles”, lamentó Diaz Contreras.

“La política económica de la autodenominada 4T ha sido fallida y resultó ser más neoliberal, que las anteriores”, añadió la Díaz Contreras. Por lo que, a fin de encarar la tremenda destrucción de empresas y empleos, la intervención del Estado es fundamental para una reactivación de la economía sólida y de largo plazo. Consideró que, al igual que otras voces, comparte la necesidad de replantear la estrategia económica y construir un acuerdo nacional para la recuperación productiva del país, con la participación de todos los sectores.

La pandemia seguirá produciendo efectos económicos negativos si el gobierno no cambia su política fiscal y monetaria por una que aumente el gasto público y baje la tasa de interés para fomentar las inversiones, y salvar empresas y empleos.  Por ello, la líder perredista exhortó al Gobierno Federal para tomar decisiones más contundentes a las anunciadas recientemente por la Secretaría de Economía para la reactivación económica. Aunque insuficiente esta propuesta tiene de positivo su propósito de fortalecer el mercado interno, apoyar a las mipymes, reimpulsar la industria y agroindustria con innovaciones tecnológicas que incrementen el valor agregado y diversificar las exportaciones.

Díaz Contreras insistió que, “ante el desastre económico y sanitario que vivimos, urge convocar a todos los sectores productivos, especialistas, organizaciones sociales, instituciones académicas, sindicatos y trabajadores para integrar un plan nacional emergente para la recuperación económica del país”.

Con la intención de contribuir a este propósito, Díaz Contreras propuso cinco ejes estratégicos:

  1. Fortalecer el mercado interno como el motor del crecimiento y el desarrollo, con una política de gasto público, de salarios y de créditos que estimulen la demanda interna y la producción nacional. En especial, que fortalezcan la economía social creando la infraestructura necesaria para garantizar la autosuficiencia alimentaria en el corto plazo.
  2. Enfrentar el reto de fortalecer las finanzas públicas mediante una reforma fiscal progresiva, con el propósito central de reducir la desigualdad social y diseñar programas efectivos para sacar a las familias de la pobreza.
  3. Dotar a las entidades federativas y a los municipios de mayores ingresos federales, sustituyendo la actual distribución 80/20 por la de 60/20/20 entre Federación, estados y municipios. Todos los recursos adicionales deberán destinarse a la inversión productiva, a la creación de empresas y de empleos generadores de valor agregado para el mercado interno y la exportación.
  4. Diseñar un plan de desarrollo integral para articular mercado interno, cadenas de valor, y exportaciones, sustentado en una educación de calidad, en la ciencia e innovación tecnológica. Este plan deberá proponerse elevar del 5% al 15% el contendido de componentes nacionales en las exportaciones de las industrias maquiladoras.
  5. Combatir a fondo la impunidad y con ella la corrupción y la inseguridad, con base en el respeto del Estado de derecho y en la justicia transicional, para frenar la delincuencia con justicia, verdad, reparación del daño y no repetición.