El nepotismo se ha apuntalado como uno de los medios principales para la prevalencia de la corrupción, concediendo a quien lo realiza beneficios no contemplados por la ley, al hacer un uso indebido de sus atribuciones como funcionario público. Pese a propiciar la comisión de otros actos de corrupción y mermar la calidad gubernamental, esta conducta no está tipificada como un delito ni como falta administrativa, aunque su existencia atenta contra la ética pública y daña la confianza de la ciudadanía. No obstante, todavía sigue siendo una práctica llevada a cabo por diversos funcionarios públicos, en todos los entes públicos.
Se trata de uno de los conductos por los cuales la corrupción se arraigó en los regímenes anteriores, ejecutándose con total impunidad. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, el nepotismo es la “utilización de un cargo público para favorecer a familiares o amigos en la selección de personal, al margen del principio de mérito y capacidad”. Dicha definición, acerca a esta conducta a las faltas administrativas graves contempladas por la ley, tales como el abuso de funciones, el conflicto de interés, la contratación indebida y el tráfico de influencias. Sin embargo, hasta ahora, no se le ha plasmado correcta, explícita y directamente en las normas federales, pese a interponerse en la aplicación de los principios meritocráticos.
La actual legislatura federal ha examinado la posible inclusión del nepotismo como una falta administrativa, grave por sí misma, debido a su histórico y estrecho vínculo con la corrupción. La iniciativa provino del Diputado Federal de MORENA, Irineo Molina, quien propuso la adición de un artículo, el 63 bis, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para definir como una falta administrativa grave el influir para la contratación o designación de personas con las que se comparta algún grado de parentesco. Pero la iniciativa es, por sí sola, insuficiente, al dejar abierta la posibilidad de la así llamada “contratación cruzada”; en todo caso, las impostergables discusiones sobre este tópico no muestran mayor avance.
Desde entonces, y con el inicio de la gestión de diversas administraciones públicas, se ha detectado la contratación de funcionarios públicos emparentados con otros servidores públicos de alto rango, sin que los primeros cuenten con experiencia previa relativa al área en la que laborarán, colocando a tales gobiernos en una delicada posición por solapar tales prácticas. Tan solo en lo que va del año, se han señalado diversos casos en los que el parentesco ha sido parte fundamental y definitoria para la contratación de algún funcionario público. Dichos señalamientos, se han localizado en todos los órdenes de gobierno, incluyendo a titulares del Poder Ejecutivo, legisladores y miembros del Poder Judicial. Todos los anteriores, de acuerdo a lo dicho, se habrían valido de su cargo público para incluir en la nómina a familiares cercanos. Tras la presión mediática y de la sociedad civil, el Presidente de la República ha expuesto su postura sobre esta problemática a través de un memorándum, en el que pide a todos los funcionarios públicos abstenerse de caer en el “influyentismo, amiguismo y nepotismo”. Empero, emitir un memorándum es insuficiente para detener una práctica normalizada dentro de la administración pública. A la par de esto, es necesario legislar en la materia, para garantizar un amplio alcance de la prohibición de esta práctica y castigar ejemplarmente a quienes infrinjan la ley.
Por tanto, desde ONEA reiteramos la importancia de actuar contra el nepotismo, que vulnera la integridad misma de nuestro país.
jueves, abril 18, 2024
