Un punto del PIB por la igualdad en salud: “Frente a la Pobreza”

A siete meses de llegada de la COVID 19 a México, el sistema de salud requiere oxígeno, le urge una transfusión de recursos, pero el gobierno presentó un presupuesto 2021 raquítico para la salud que reduce el gasto para los más pobres, y no alcanza para avanzar en la Cobertura Universal de Salud (CUS), ni para detener la pandemia.

El presupuesto 2021 para la salud es insuficiente y mantiene la desigualdad. “Pareciera que no hay pandemia, que no estamos por llegar a 80 mil personas muertas por el Covid-19 según datos oficiales y que no ha habido un incremento en mortalidad en 2020”, dice Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

En tanto que la OCDE recomienda un gasto en salud de al menos 6% del PIB, la propuesta del gobierno apenas llega a la mitad: 3%. Mantiene sin cambio el estancamiento presupuestal de más de una década y la reducción que se dió desde 2016 (Ver figura 1).

Lo más grave es que el presupuesto 2021 mantiene la desigualdad que afecta a quienes trabajan sin seguro social, en la informalidad y sobre todo a las comunidades rurales e indígenas marginadas. “La salud es un derecho, pero en México se ha convertido en un privilegio, se le considera una prestación laboral y se maneja como mercancía”, explica Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“Por eso, exigimos aumentar un punto porcentual del PIB por la igualdad en salud en el presupuesto 2021, como lo recomendaron las personas expertas del CIEP, México Evalúa y CEEY en la mesa de diálogo realizada recientemente,” abundó.

El proyecto de presupuesto 2021 reduce el gasto per cápita para los servicios de salud casi para todos. Incluso a trabajadores del estado (ISSSTE) y del sector privado (IMSS). Pero sobre todo, para la población sin seguridad social (INSABI) y lo más grave, también los destinados a las zonas rurales marginadas y comunidades indígenas (IMSS Bienestar). Mantiene el esquema de privilegios para los trabajadores petroleros, sin justificación alguna. Todo esto según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). (Ver figura 2)

Garantizar el acceso a la salud como un derecho universal, requiere la cobertura para todas y todos los mexicanos, sin exclusión y con calidad. Ese objetivo requiere elevar el presupuesto para la salud a cuando menos 6 puntos del PIB. “Por ello hay que iniciar ya, al menos con un punto porcentual más en 2021”, explicaron.

Para avanzar en el propósito de ofrecer la Cobertura Universal en Salud (CUS) la sociedad civil propone que en el presupuesto de 2021 el gasto en salud se incremente en un punto porcentual, es decir se llegue a 3.5% – unos 240 mil millones de pesos más, que deben asignarse al INSABI y al IMSS Bienestar- para igualar el piso de recursos y la calidad del servicio que recibe la población sin seguridad social.

Invertir un punto del PIB, “un punto por la igualdad en salud”, dice Gómez Hermosillo al exhortar a diputadas y diputados a pasar de las promesas a las acciones efectivas en favor de los pobres y decidirse a reformar el PEF 2021 para mejorar la salud a todos los mexicanos y romper la desigualdad histórica que afecta a los más pobres.

La desigualdad del gasto público en salud es inaceptable. Antes de la Covid-19, la segmentación de la seguridad social excluía al 62% de personas ocupadas: 34.2 millones de personas trabajan sin acceso a servicios de salud de la seguridad social. Entre ellas, 15.2 millones con trabajo asalariado y subordinado a quienes se les niega la afiliación, se les coloca en la informalidad, como lo muestran los datos del Observatorio de Trabajo Digno de “Frente a la Pobreza”. (Ver figura 3)

“La exclusión creada por la vinculación del acceso a la salud vía el trabajo es un problema estructural que se arrastra por décadas y que este gobierno no está enfrentando de raíz. Al contrario, el presupuesto 2021 mantiene la desigualdad del gasto y a la salud como un privilegio, se mantiene como una prestación laboral, que se evade y se viola de múltiples maneras” añade.

De 2010 a la fecha, mientras la población creció en 12 millones de mexicanos, el gasto en salud se estancó. A partir de 2017 bajó de 2.8% a 2.5% del PIB. En 2020 la pandemia nos sorprendió con un presupuesto raquítico, pero además con un hábito de subejercicio que alcanzó cifras dramáticas en 2019.

El bajo gasto presupuestal hace que la carga del financiamiento del sistema de salud recaiga en las familias. México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE con mayor gasto privado de bolsillo. Las personas financian con gasto privado la mitad del gasto en salud, lo cual aumenta aún más la desigualdad e impide en la práctica el ejercicio del derecho a la salud. (Ver figura 4)

Ni siquiera la pandemia ameritó un aumento presupuestal en salud a pesar de todas las carencias en recursos materiales y humanos: profesionales, técnicos y auxiliares de la salud insuficientes, respiradores, unidades de cuidado intensivo, pruebas, equipo para el personal médico. Lo que se hizo fue tomar recursos etiquetados para atender otras enfermedades y aplicarlos a la atención de la pandemia.

Acción Ciudadana Frente a la Pobreza llamará a otras organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a impulsar una recomendación dirigida a la Cámara de Diputados para que se atrevan a reformar el PEF y aumenten un punto del PIB para la salud, un punto por la igualdad.

El objetivo final es llegar a la Cobertura Universal en Salud (CUS) que permita el ejercicio pleno del derecho a la salud para todas las personas sin exclusión y corte el cordón umbilical que hoy amarra el acceso a la salud con las prestaciones laborales.

A partir de la aparición de la pandemia por covid 19, Frente a la Pobreza, a través del programa Acciones Ciudadanas ha realizado una serie de mesas de diálogo con especialistas y organizaciones sociales para buscar acuerdos y proponer reformas que lleven a la Cobertura Universal en Salud (CUS) sin privilegios ni exclusiones para hacer válido el derecho a la salud.

De estos análisis deriva la propuesta ahora presentada a los medios de comunicación. En particular reconocemos las aportaciones de Judith Méndez Méndez del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Mariana Campos, de México Evalúa y de Rodolfo de la Torre del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).