UAM propone crear centros de capacitación de servidores públicos en manejo de crisis

Cultura

La pandemia del COVID-19 llegó a México en el contexto de un sistema de salud fragmentado, polarizado y desigual, que además se encontraba en un proceso de transformación para convertirse en el Instituto para el Bienestar y, por lo tanto, débilmente preparado para enfrentar esta emergencia, sostuvo el doctor Jorge Culebro Moreno, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El docente del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa elaboró –junto con un grupo de especialistas– el estudio comparativo Gestión de crisis. Un enfoque organizacional/institucional. La respuesta del sistema de salud en México ante el brote de COVID-19, sobre la resolución de los gobiernos locales al brote de SARS-CoV-2, en el que señala que las afectaciones asociadas evidencian la necesidad de invertir en la optimización de las capacidades de los funcionarios públicos para encarar el escenario.

En la indagación –aprobada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su Convocatoria 2020-1 de Apoyo para Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud ante la Contingencia por COVID-19– los expertos proponen mejorar la coordinación entre los niveles administrativos y crear centros de adiestramiento de servidores en manejo de crisis, que brinden asesoría, pues ante sucesos apremiantes, la interacción resulta esencial para salvaguardar la vida de la ciudadanía.

Este trabajo –en el que participan también Benjamín Méndez Bahena, profesor del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional; Pablo Cruz y Carlos González Zepeda, doctorandos del Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa de la UAM, y otros académicos del país– está basado en el análisis institucional y la teoría organizacional.

La conexión entre los estados ha sido convergente y divergente, por ejemplo, la Ciudad de México y el Estado de México –aun cuando las autoridades son de distintos partidos– despliegan estrategias de colaboración afines entre ellas y con el sistema federal, mientras otras tienden a alejarse, como ocurre con Jalisco.

Yucatán pareció al principio conducir bien la situación, pero en una segunda etapa “las cosas se salieron de control y encontramos un factor que se repite en otros lados: la desconfianza y el liderazgo institucional”, porque hubo cambios de políticas y programas que desviaron dicha certeza.

El doctor Culebro Moreno planteó analizar cómo las dimensiones organizacionales e institucionales locales influyen en los instrumentos de regulación del mando en el sector salud, así como una observación comparativa de dichos mecanismos para generar un conjunto de propuestas a partir de las experiencias exitosas y las áreas de oportunidad.

En este caso fueron evaluadas las aplicadas en Ciudad de México, Baja California, Jalisco, Chiapas, Estado de México y Yucatán, entre otros, lo que reveló que existe gran heterogeneidad de las redes sanitarias de cada uno, tanto en el diseño institucional y capacidad organizacional, como en su relación con el sistema federal, señaló el docente.

También se aprecian respuestas desiguales de cada entidad, aunque toman como base las directrices de la estrategia nacional y sobresalen los aspectos económicos y sociales.

En una segunda parte del reporte, los autores publicaron cinco documentos, entre ellos, Crisis management and coordination. First responses of the mexican government to COVID-19, en el que examinaron las complicaciones durante las primeras respuestas para reducir las secuelas en todos los ámbitos, y Liderazgo y gestión de crisis en México en la respuesta al COVID-19: el papel de los gobiernos subnacionales, un diagnóstico de la labor al orientar la implementación de los programas frente al virus SARS-CoV2.

Un tercer texto –Liderazgo y la gestión de crisis en México: un área de prácticas improvisadas en gobiernos subnacionales– refiere las maniobras para disminuir el impacto de conflictos en los regímenes estatales, pero ahora con una óptica comparativa entre Jalisco, Estado de México y la capital del país, en cuanto a actividades estratégicas y la necesidad de ir más allá de rutinas improvisadas.

En sus conclusiones, los académicos advierten la utilidad de un enfoque de dirección de crisis para estudiar las respuestas desde los planos federal y subnacional, con el fin de reducir las repercusiones del brote del coronavirus, sobre todo en un entorno de complejidad progresiva y la coexistencia con otros riesgos por desastres naturales, inseguridad y asuntos económicos.

Además resaltan el lugar relevante de los mecanismos de coordinación y regulación, subrayando que se ha revisado poco la ruptura de los sistemas de afiliación en los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como en las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), que recibieron pacientes no afiliados e implantaron vías de funcionamiento para esto. El IMSS atendió a 51 por ciento del total de pacientes del país: 179 mil, al primero de febrero de 2021, de los cuales 47 mil no eran derechohabientes.

La respuesta de las autoridades a los conflictos tiene implicaciones en la gobernanza y la legitimidad de sus acciones, así como en la confianza de los ciudadanos, lo que lleva a poner atención a la rendición de cuentas y otras prácticas democráticas, pues si bien muchas de las consideraciones se hacen con criterios técnicos, la conducción trasciende la esfera política.

A diferencia de la Unión Europea, donde diversos apuros financieros y migratorios desencadenaron la exigencia de invertir de manera vasta en el desarrollo de habilidades para afrontar estas situaciones, en México, a pesar de algunos precedentes críticos –sismos, inundaciones, epidemias e incluso la pandemia de COVID-19– no se han consolidado áreas ni aptitudes claras o específicas para el adiestramiento y el aprendizaje en esos entornos.

Ni en el círculo oficial ni en la academia se cuenta con espacios de estudio de la administración pública dedicados al tema y “este es un factor muy importante, porque en el primero se encuentran los tomadores de decisiones que pueden afectar el bienestar social con medidas inadecuadas y en el segundo están los futuros” responsables de tomar determinaciones en circunstancias equivalentes.

Con base en lo anterior proponen la creación de centros o dependencias de formación de servidores en el manejo de estos casos, en los niveles estatal y federal, los cuales –en un principio– brinden asesoría, pero cuyo objetivo será resolver todo con autonomía, ya que cuando se presentan sucesos de esta índole, la coordinación entre instancias de distintas tutelas y la definición de los lineamientos correspondientes se vuelven esenciales para la seguridad de la población.

Los investigadores plantean anexar –como una rama indispensable del ámbito académico del sector público– la conducción de problemas, un área donde estarán los tomadores de decisiones.

Para esto se cuenta ya con el seminario de análisis institucional y gestión de crisis, en el que también participan docentes de otras instituciones nacionales.