Transparentar “Jóvenes Construyendo el Futuro” para evitar un uso electoral: diputada María Alemán

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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) está obligada a rendir cuentas claras de cómo opera el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pues organizaciones de la sociedad civil y la propia auditoría interna de la dependencia federal, han denunciado irregularidades graves, entre ellas, subejercicios de los fondos aprobados, crecimiento anormal de los padrones de beneficiarios y la proliferación de empresas fantasmas.Por esta razón , el Grupo Parlamentario del PRI, en voz de la diputada federal María Alemán Muñoz Castillo solicitó actuar en tres instancias del quehacer gubernamental, que la STyPS rinda un informe del programa social con datos reales y verificables de lo que hace para corregir los errores; que la Auditoría Superior de la Federación revise los fondos ejercidos en “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para descartar desvío de recursos públicos y que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), valore las acciones desarrolladas y las previstas en lo que resta del año para el programa social.

“Requerimos información del número de servidores sancionados, los centros de trabajo verificados y el estado que guardan los seguros médicos contra enfermedades de maternidad y riesgo de trabajo; área con mayor opacidad, pues hasta el momento, se desconocen los becarios atendidos, sus padecimientos y el pago erogado por esos conceptos”, expuso la diputada María Alemán.

“Jóvenes Construyendo el Futuro” vincula a personas de entre 18 y 29 años con empresas, talleres o negocios, para tener un empleo y desarrollar un oficio. Pueden permanecer hasta por un año, reciben la cantidad de 3 mil 748 pesos mensuales y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

La legisladora hizo notar que, una de las entidades con el mayor número de aprendices es Tabasco, la entidad de origen del titular del Ejecutivo Federal y Veracruz, gobernada por el partido Morena, “lo que da elementos de un posible uso electoral y de promoción personal”.

Alemán Muñoz Castillo recordó que, durante el primer año del programa, la auditoría interna realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, detectó anomalías serias, entre las que destacan: diversos centros de capacitación operaban sin cumplir los requisitos de ley o funcionaban de manera ilegal, es decir eran clandestinos y a pesar de ello, recibían el recurso público.

La fiscalización comunicó que, al menos el 55 por ciento de los apoyos incumplió las reglas de operación, debido a que no acreditaron el domicilio del centro de trabajo o el becario no correspondió al lugar del centro de capacitación; también que los beneficiarios fueron objeto de “moches, sobornos o extorsiones”  por parte de los dueños de los centros de trabajo o bien, fueron expulsados de manera injustificada; la revisión constató también, que muchos casos, los aprendices  no acreditaron el nivel académico mínimo.

Las denuncias documentadas por la asociación civil “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MMCI) coinciden, el programa opera con datos improbables, incompletos e inverificables; es decir, los centros de trabajo no existen, los becarios en activo no fueron identificados en actividades propias del programa o nunca se encontraron en las instalaciones

En otros casos, los beneficiarios han denunciado retraso en el pago de los apoyos, actos de discriminación y exclusión de los dueños y encargados de los centros de trabajo, la reubicación de áreas, instalaciones y hasta tutores de manera arbitraria, lo que genera incertidumbre e ineficacia en los aprendizajes o capacitaciones.

El seguro médico es otro tema de opacidad por su mala implementación, hay antecedente de que la propia dependencia federal ordenó cancelar el seguro, a un joven en Oaxaca, quien sufrió un accidente mientras laboraba, sin medidas de seguridad, lo que deja en total indefensión a los becarios ante un siniestro.