A pesar de que México cuenta con una legislación de avanzada en materia de igualdad de género, las aspiraciones ciudadanas reclaman un mayor trabajo a sus legisladores, por ejemplo, que la llamada Legislatura de la Paridad, asuma el compromiso de fortalecer el Presupuesto Federal del 2021 en apoyo a las mujeres y para destinar recursos y programas que prevengan la violencia contra la mujer, señaló la diputada federal del PRI, Erika Sánchez Martínez.

Al participar en el informe anual del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva, la legisladora por el estado de Sinaloa destacó que, a pesar de la Pandemia del Covid-19, las diputadas lograron mantener comunicación con la sociedad; de estos encuentros sobresalen, el Primer Parlamento Abierto Digital, que se denominó: Clic por la Igualdad; entrevistas con funcionarios y activistas;  y la reunión con  rectoras de las universidades públicas y privadas del país,  donde se pronunciaron por la seguridad de sus alumnas, del personal docente y administrativo, así como encuentros con funcionarios y activistas.

Del parlamento se derivó una encuesta electrónica, en la que participaron mayoritariamente mujeres de entre 21 y 30 años y establecieron que los temas más importantes a resolver en este 2020 son: en un 68 por ciento la violencia contra las mujeres, la seguridad pública, en un 66 por ciento, y la igualdad entre hombres y mujeres, en el 65 por ciento.

Asimismo, mencionan que, para lograr la igualdad, es indispensable la simetría salarial, en un 71 por ciento; los derechos sexuales y reproductivos, en un 54 por ciento, y los derechos de las mujeres indígenas, en un 45 por ciento.

Sánchez Martínez, detalló, que de la reunión con rectoras de universidades públicas y privadas, surgió la inquietud de que con premura se atienda la violencia, el acoso y hostigamiento que se presenta en estas instituciones.

Dijo que, a pesar de que el problema se ha atendido con espontáneos mecanismos de denuncia, vía los tendederos escolares, que son los mensajes en los pasillos de los planteles, en los que acusan a los maestros y personal administrativo de pedir favores sexuales a cambio de calificaciones, se requiere de recursos públicos y programas sociales para eliminar la violencia contra las mujeres.

“Ante este fenómeno de violencia que se manifiesta dentro y fuera de las escuelas, urge aplicar protocolos de protección, brindar atención y asesoría en los planteles, socializar y habilitar espacios seguros de denuncia, ligados a las autoridades correspondientes que permitan cerrarle el paso a la impunidad, pero también, acercarnos para garantizar el acceso a la justicia”.

Erika Sánchez refrendó: somos 241 diputadas federales en la legislatura y en nuestras manos está robustecer el presupuesto de género para asegurar que existan políticas públicas que empujen la igualdad entre hombres y mujeres.