Pese al inclemente clima y el riesgo latente de contagio del COVID-19, durante la pandemia miles de venezolanos se han visto impulsados a cambiar de destino. Alrededor de 117.000 han emprendido el camino de regreso a su país, otros han atravesado desafiantes trochas para llegar a Colombia. La ONU y el Gobierno de Colombia han creado un centro de atención de salud para atender sus necesidades sanitarias y evitar la propagación de la pandemia.
Llueve y en uno de los 250 pasos irregulares, más conocidos como trochas, que tiene el municipio de Villa del Rosario, familias enteras de venezolanos, cargadas con enormes costales, se preparan para atravesar las aguas del río Táchira, ahora enfurecidas por el invierno. Como la frontera está cerrada, los migrantes utilizan estos peligrosos caminos controlados por bandas criminales para llegar a Colombia o para volver a Venezuela. La decisión no es nada fácil, por el riesgo de lesionarse o ser abandonados en medio de estos caminos.
Por eso, un centenar de migrantes que se encuentra en La Parada, a pocos kilómetros del puente internacional Simón Bolívar, prefieren acampar al borde de la Autopista Internacional y esperar en medio del aguacero para hacer todos los trámites para regresar a Venezuela por el conducto regular.
Nunca lo vimos como un lugar donde la gente duerme y pasa a Venezuela. Es un centro sanitario donde las personas reciben un trato digno.
“El retorno de venezolanos comenzó a finales de marzo, cuando Colombia atravesaba un periodo de cuarentena estricta, que se extendió durante cinco semanas y que buscaba reducir la velocidad de la propagación del nuevo coronavirus para darle tiempo a las autoridades nacionales de incrementar la capacidad del sistema de salud, ampliar la red de laboratorios, fortalecer los planes de respuesta y la vigilancia epidemiológica”, afirma la representante de la Organización Panamericana de la Salud en Colombia, Gina Tambini.
Durante el confinamiento y luego con el aislamiento selectivo obligatorio, muchos migrantes que hace unos meses eran pobres, pero podían sobrevivir, encontraron que sus medios de vida habían sido destruidos tras perder el empleo. Aquellos que sobreviven del rebusque no alcanzan a reunir menos de un dólar con que pagar el alojamiento en los denominados ‘paga diario’ y terminan siendo desalojados.
Con la esperanza de poder vivir sin pagar arriendo, sin tener que depender de las ayudas del gobierno y para dejar atrás los efectos de la pandemia, muchas familias prefirieron dejar el país que los había adoptado y empezaron la travesía de regreso desde el altiplano nariñense, las sabanas del Caquetá, las densas selvas del Guainía o en la capital de Colombia; incluso desde territorios más lejanos como Quito, Lima o Santiago de Chile, pues la situación fue la misma en otros países de Suramérica.
Desafortunadamente, algunas personas se quedaron sin dinero a mitad de camino y tuvieron que emprender parte del recorrido a pie.
Desde entonces, en las carreteras colombianas se han visto pasar incontables caravanas de personas desnutridas, quemadas por el sol y por el frío y con los pies entumecidos, en la que no faltan las mujeres embarazadas, las madres con hijos en brazos, niños y niñas que corretean por las vías esquivando camiones, hombres jóvenes y adultos llevando la casa al hombro y ancianos que se tambalean a cada paso.
En junio la situación empeoró. Con hambre, en la calle y agobiados por la xenofobia y la discriminación a la que se habían visto expuestos por el temor a que sean propagadores de la COVID-19, miles de venezolanos se vieron afectados.
Respuesta de salud inmediata
Fue entonces, cuando en una misma semana llegaron a Cúcuta más de mil migrantes en unas condiciones que no facilitaban el manejo del COVID-19.
Rápidamente las autoridades y más de 26 agencias de Naciones Unidas y organizaciones humanitarias, trabajaron de manera coordinada siguiendo los criterios del Ministerio de Salud y Protección Social y de la Organización Panamericana para la Salud, y en tan solo tres días pusieron en funcionamiento el Centro de Atención Sanitario Tienditas.
La iniciativa que buscaba superar el embudo migratorio fue tan exitosa que se convirtió en un referente en la región de las Américas. En los primeros cuatro meses de funcionamiento, el centro de Tienditas logró atender a 23.000 personas y dar 170.000 servicios.
Como explica Diego García, coordinador del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos en el departamento de Norte de Santander, Tienditas fue una respuesta humanitaria ejemplar, con un enfoque de salud y protección, sin precedentes.
“Nunca lo vimos como un lugar donde la gente duerme y pasa a Venezuela. Es un centro sanitario donde las personas reciben un trato digno, con condiciones humanas y de salud básicas, para poder controlar los temas de salud pública, y por supuesto, epidemiológicos”, puntualiza.
Una nueva ola de migrantes
Ante el torrencial aguacero que acompaña la noche del 9 de noviembre, no sorprende que el Centro Sanitario despliegue a contrarreloj sus ya acostumbrados operativos para trasladar desde muy temprano, en buses y camiones, a los migrantes que se encuentran en La Parada.
Una vez en Tienditas, los migrantes pasan por un proceso de tamizaje y desinfección riguroso y exhaustivo. En caso de presentar síntomas de COVID-19 son aislados y se les hacen pruebas diagnósticas. Aquellos que dan positivo a la prueba del COVID-19 son atendidos principalmente en el Hospital Universitario Erasmo Meoz.
Según el epidemiólogo Rafael Olarte, “esta es la institución que atiende más población venezolana en todo el país. Y aquí al paciente no se le pregunta su nacionalidad, ni el estatus migratorio. Todos son seres humanos y en urgencia vital a todos se le da el soporte que necesiten”, afirma.
El coordinador del centro, Bernardo Pantoja Medina, explica que quienes se encuentran en buen estado de salud, son acomodados en carpas o camarotes, con capacidad para atender a 650 personas, no sin antes pasar por una requisa, en la que se quitan todos los elementos cortopunzantes y las sustancias psicoactivas que están prohibidas. “En Tienditas priman la seguridad y la dignidad”, afirma.
También se atiende a las víctimas de género
“Durante la estadía, el Fondo de Población de las Naciones Unidas hace prevención de las violencias basadas en género, se identifican las personas en riesgo y se brinda atención a las sobrevivientes, que incluye soporte psicosocial”, explica la representante de este organismo en Colombia, Verónica Simán.
Además, se les entrega anticonceptivos para que puedan evitar embarazos no deseados.
A toda esa ayuda, se suman las acciones en atención psicosocial que desarrolla la Organización Panamericana de la Salud en el centro de escucha.
Convencidos que no hay salud, sin salud mental, se han abierto estos espacios para que las personas hablen de sus miedos y sus esperanzas y, últimamente, en estas conversaciones no faltan las historias de compatriotas que al llegar a Venezuela encontraron que sus vidas pasadas ya no existían y después de una corta temporada volvieron a migrar.
Falsos rumores contra los migrantes
Como muchos de los que aún quedan en el departamento viven en condiciones de hacinamiento y han tenido que salir a las calles a conseguir el sustento diario, se ha extendido el falso rumor de que son una fuente de contagio del coronavirus.
Las estadísticas dicen todo lo contrario. “A 9 de noviembre el departamento de Norte de Santander –el lugar donde residen mayoritariamente los migrantes venezolanos, después de Bogotá– presentaba 23.556 casos de COVID-19, de los cuáles solo el 2% corresponde a población migrante”, puntualiza Magaly Pedraza, responsable de la respuesta en salud ante el fenómeno migratorio en la Agencia de la ONU para los Refugiados.
