Solicitan implementar campañas informativas para inhibir y prohibir el matrimonio infantil en la Ciudad de México

Metrópoli

Con el propósito de difundir las disposiciones jurídicas en materia de prohibición del matrimonio infantil, la diputada Jannete Guerrero Maya solicitó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México realizar campañas de difusión en todos los Registros Civiles y Módulos Registrales de la capital.

La legisladora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo señaló que cualquier acto contrario a la edad mínima establecida para contraer matrimonio, significa una vulneración de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Apuntó que el 3 de junio del año 20l9 se promulgó y publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y derogan disposiciones al Código Civil federal, con el objetivo de inhibir y prohibir el matrimonio infantil en todo el país, por lo que es necesario erradicar estas prácticas y consolidar la protección a los menores.

“El matrimonio infantil está prohibido en nuestro país, de acuerdo con la legislación de carácter civil y de tutela de derechos humanos, señalados en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte”, refirió la legisladora.

Mencionó que de acuerdo con Save the Children refirió que en México 75 mil 446 niñas y adolescentes se han casado entre los 12 y 17 años de edad, de las cuales 72.4 por ciento no asistía a la escuela y 42.8 por ciento tenía al menos una hija o hijo.

Por tal motivo, solicitó a través de su punto de acuerdo que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México realicen estrategias de difusión es escuelas de educación básica y media superior, con el objetivo de informar a toda la comunidad sobre el decreto y disposiciones jurídicas que prohíben esta práctica.

“Eliminar el matrimonio infantil va más allá de la promulgación de las leyes que tan acertadamente han entrado en vigencia este año de una manera más explícita, pero se trata de un reto mayor que tiene que ver con la educación ciudadana, con la divulgación de la ética, de los valores humanos y de la restauración de la dignidad tantas veces violentadas”, concluyó la legisladora.