La Comisión Permanente solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a realizar las valoraciones conducentes, a fin de presentar ante el Consejo General de las Naciones Unidas la propuesta de armonizar las convenciones regionales sobre derechos humanos y establecer un tratado internacional denominado Constitución de la Tierra.
El punto de acuerdo, presentado por la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) y considerado de urgente resolución, señala que la pandemia que padece la humanidad ha demostrado lo frágil y, al mismo tiempo, lo rapaz que es la sociedad de nuestros tiempos.
“Las desigualdades para enfrentar este flagelo entre naciones son notorias, las economías se colapsan, pero no la de todos y no de igual manera”, precisa.
En sesión a distancia, la legisladora subrayó que para los países en desventaja económica es particularmente difícil enfrentar estas dos crisis, lo que empeora cuando no existen mecanismos de solidaridad que permitan acceso oportuno a las vacunas o a la transferencia de los avances científicos.
Agregó que un ejemplo de esta falta de solidaridad es que los países ricos han acaparado el suministro de las vacunas; dejan casi a su suerte a millones de personas de las naciones más pobres que no encuentran los mecanismos para obtenerla.
Enfatizó: “la emergencia sanitaria nos sacudió y como especie estamos tratando de enfrentarla; nuevas necesidades nos exigen velar por la vida de los más de 7 mil millones de personas que habitamos nuestro planeta”. Estimó que es indispensable restituir la esencia solidaria del ser humano, ser responsables y congruentes con estos postulados; por ello, esos estándares deben prevalecer en el mundo.
Detalló que la Constitución de la Tierra, propuesta del jurista y filósofo italiano y del mundo Luigi Ferrajoli, se caracteriza por una expansión del paradigma constitucional más allá del Estado, en tres direcciones: un constitucionalismo supranacional o de derecho internacional, junto con el constitucionalismo estatal actual, a través de la previsión de funciones e instituciones supraestatales de garantía, a la altura de los poderes económicos y políticos mundiales.
En segundo lugar, hacia un constitucionalismo de derecho privado, junto con el constitucionalismo de derecho público actual, mediante la introducción de un sistema adecuado de normas y garantías frente a los actuales poderes salvajes de los mercados.
Y, en tercer lugar, en dirección a un constitucionalismo de bienes fundamentales, junto al de los derechos esenciales, mediante la previsión de garantías destinadas a conservar y asegurar el acceso de todos al disfrute de bienes vitales, a los que se considerará comunes, pero también a los medicamentos esenciales y a la alimentación básica.
