Solicita PRD a titulares de salud y economía, informen a los mexicanos sobre los impactos sanitarios y económicos que provocará la decisión de importar medicamentos sin aval de Cofepris

Nacional

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de los diputados Frida Alejandra Esparza Márquez y Antonio Ortega Martínez presentaron en la sesión de este miércoles, un Punto de Acuerdo donde se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, Jorge Alcocer Varela, a que haga del conocimiento público las implicaciones, efectos y riesgos en materia de salud y regulación sanitaria, del Acuerdo publicado el pasado 28 de enero por el que el Ejecutivo avala la compra de medicamentos (particularmente oncológicos) al extranjero, sin la anuencia de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).Exhorta también a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, a informar a la opinión pública, sobre las implicaciones y efectos económicos que tendrá para México importar fármacos sin necesidad de un registro sanitario, así como los impactos que causaría a la industria farmacéutica nacional; a partir del Acuerdo arriba citado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Los legisladores perredistas cuestionaron el hecho de que, ante la crisis de medicamentos propiciada por errores del gobierno, éste haya optado por facilitar la entrada de los fármacos haciendo a un lado la labor de la Cofepris, y reconociendo como “equivalentes” (a los requisitos y procedimientos de evaluación técnica que dicha Comisión realiza antes de otorgar el registro sanitario de medicamentos), a todos aquellos que cuenten con el aval de la Agencia Suiza para Productos Terapéuticos-Swissmed; la Comisión Europea; la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América; el Ministerio de Salud de Canadá; la Administración de Productos Terapéuticos de Australia; las Agencias Reguladoras de Referencia OPS/OMS; y aquellos precalificados por el Programa de Precalificación para Medicamentos y Vacunas de la Organización Mundial de la Salud o Agencias Reguladoras miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica”, en este 2020.
El documento presentado por las y los diputados del PRD destaca que, entre los errores propiciados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está el haber iniciado un proceso de licitación internacional de medicamentos en octubre y publicado hasta diciembre sin garantizar el suministro de medicamentos en el periodo comprendido entre la última compra y el plazo para la llegada de los nuevos insumos.
Luego, en aras de la “austeridad republicana”, decidió que es mejor ahorrar unos centavos que garantizar el acceso a medicamentos por parte de los derechohabientes del sector salud; y abrió paso a “compras consolidadas” cuyo proceso quedó establecido en la posibilidad de iniciar el abasto de medicamentos a partir de marzo; pero dejando sin medicamento enero y febrero.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para este 2020, se estableció que se harían “compras consolidadas” de medicamentos y materiales para el sector salud, pero estalló el problema en enero cuando faltaron los medicamentos en instituciones particularmente dedicadas al tratamiento de enfermedades terminales y crónico degenerativas.
Frente a esto, los administradores de los servicios de salud han solicitado a Hacienda que se les permita ampliar contratos con las farmacéuticas y laboratorios que venían abasteciéndolos y poder cubrir la demanda de medicamentos mientras inicia la entrega de las “compras consolidadas”; pero en lugar de atender la propuesta, el Presidente López Obrador culpó del problema de desabasto a los directores de los institutos de Salud, diciendo –incluso- que se realizarán auditorías para determinar si existen casos de corrupción.
No obstante, el pasado 22 de enero Hacienda respondió favorablemente a un oficio enviado por el Titular de la Dirección de Administración del IMSS donde se solicitaba ampliar contratos para la compra de medicamentos, lo que evidencia que el gobierno reconoce que el problema de desabasto surge –efectivamente- de su incapacidad para prever las compras y que, si bien deben buscar el mayor ahorro posible, no pueden ponerlo por encima de la salud de las y los mexicanos.
En el mismo tenor, y con tono de chantaje, el Gobierno ha decidido que, mediante Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se clausuraran las líneas de producción de una de las más grandes proveedoras de fármacos al sistema de salud, solo porque la empresa se negaba a surtir medicamentos sin previo contrato que garantizara el pago.
Ante ello -recalca el texto presentado por el Grupo Parlamentario perredista- el gobierno ha decidido emprender la licitación internacional que estará generando un problema mayor si se toma en cuenta que gran parte de los medicamentos que se pretenden licitar en el extranjero no tienen el registro sanitario ante Cofepris y, por tal motivo, el 28 de enero la Secretaría de Salud publicó un acuerdo por el que avala la importación de medicamentos sin ese registro.
“El acuerdo es preocupante por todo lo que conlleva, lo primero es el desprecio a las instituciones de regulación que tenemos, haciendo a un lado a la encargada de establecer la calidad de las medicinas y -con ello- el permiso para ser distribuidas y comercializadas en México, vulnerando el derecho a la salud de los habitantes porque pone en riesgo el tratamiento de sus enfermedades al poder ingresar fármacos de dudosa calidad o que incumplan con los estándares nacionales”.
Adicional al tema de salud, concluye el Punto de Acuerdo, se debe de analizar lo económico, puesto que se está golpeando a una industria que -a 2013- generaba 65 mil puestos de trabajo, con más de 2 mil 800 millones de dólares de inversión extranjera directa y la generación de más de 10 mil 700 millones de dólares. Esta acción podría afectar gravemente a un sector que se ha esforzado por cumplir con todas las normas de calidad que pide el país para obtener el registro sanitario, normas que no estarán obligadas a cumplir las farmacéuticas internacionales.
“No queremos que la falta de planeación del actual gobierno y su necesidad de poner parche tras parche a su política de salud, vulnere la vida de los mexicanos; no queremos que el Presidente, -por no reconocer sus errores- ponga en riesgo a todo un país en salud y lo económico. Este acuerdo deja más preguntas que soluciones”, concreta el emplazamiento perredista.