Con el objetivo de conocer y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de inclusión laboral a personas con discapacidad en la capital del país, el Congreso local aprobó un exhorto para solicitar a la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, un informe pormenorizado de dichas acciones, conforme al Artículo 24 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal.
El punto de acuerdo presentado por la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el diputado Royfid Torres González de la asociación parlamentaria Ciudadana, solicita incluir de manera enunciativa más no limitativa, el número de personas con discapacidad que han sido incorporadas en la administración pública.
Esto a partir de la entrada en vigor de la norma antes citada, así como los programas, planes y acciones en materia de inclusión y no discriminación de personas con discapacidad en todas y cada una de las dependencias de la administración pública a su cargo, y con ello el monto presupuestario devengado para la implementación de dichas acciones, desagregado por dependencia.
“Falta un enorme camino para garantizar la inclusión e igualdad de las personas con discapacidad, pero debemos hacer énfasis en su búsqueda de la autonomía y qué mejor camino que conseguirla a través del ejercicio del derecho al trabajo”, precisó la legisladora.
Informó que la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal contempla como una de las distintas modalidades de las acciones afirmativas la de inclusión laboral; el artículo 24 de la mencionada ley, dispone que las dependencias de la administración pública deben reservar el cinco por ciento de las plazas de nueva creación o de las vacantes para personas con discapacidad.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de la ley en 2011, no existe un marco de referencia, ni un solo indicador por parte del ejecutivo sobre el cumplimiento de esta acción.
Por tanto la diputada Álvarez Camacho, señaló que es preciso conocer la cantidad y calidad de los empleos que se están generando, para evaluar los impactos en la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Detalló que esta información será un insumo fundamental para el diseño de políticas públicas que permitan la expansión de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, dejando atrás las visiones en las que estas personas son vistas como objeto de caridad y no como sujetas con plenos derechos.
Por último, señaló que se busca que la capital del país sea una ciudad vanguardista en la promoción de los derechos humanos. Asimismo, hizo un llamado a las y los legisladores para trabajar de la mano y evitar la exclusión y la discriminación de las personas con discapacidad.
