Bajo el lema: reconocimiento, justicia y desarrollo, en 2013 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promulgó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015 – 2024, con el objetivo de promover un mayor conocimiento y respeto a la diversidad de su herencia cultural y de su contribución al desarrollo de las sociedades, propósito al que se adhirió el Gobierno de México.

Distintas dependencias gubernamentales, entre ellas la Secretaría de Cultura, se propusieron realizar acciones dirigidas a visibilizar y reconocer la importancia de estas poblaciones en el pasado y presente del país y a promover políticas públicas en su favor. Ejemplo de ello es el proyecto “Sitios de memoria de la esclavitud y las personas africanas y afrodescendientes”, impulsado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

A un lustro de su implementación, la coordinadora de esta iniciativa, la antropóloga María Elisa Velázquez Gutiérrez, hizo un recuento de la misma durante su participación en el conversatorio digital “Buenas prácticas de expresiones artísticas y culturales para el empoderamiento de las comunidades locales”, organizado por el Ministerio Cultura de Colombia y la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco del Plan de trabajo de la comisión Interamericana de cultura del citado organismo regional.

En el diálogo virtual, transmitido simultáneamente por las redes sociales del INAH, expertos adscritos a los ministerios de cultura de Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala y México, compartieron diversas estrategias de largo plazo que buscan descentralizar el acceso a la cultura en sus respectivos países, a fin de abonar a un ambiente de paz y desarrollo sostenible, como ha sido claro en el caso colombiano tras los acuerdos del gobierno con las ex – guerrillas.

En el caso mexicano, el proyecto “Sitios de memoria de la esclavitud y las personas africanas y afrodescendientes” ha contribuido justo a la recuperación de la memoria histórica, para dar su lugar a la llamada “tercera raíz” en una idiosincrasia que se creía solo producto de lo indígena y lo español.

“Debe enfatizarse que las poblaciones afros han sido silenciadas y menospreciadas en la historia oficial de nuestro país, sin embargo, diversas actividades realizadas en los últimos años han revitalizado y coadyuvado a que estas poblaciones tengan presencia y soliciten los derechos que requieren”, apuntó María Elisa Velázquez, responsable dentro del INAH del Programa Nacional de Investigación “Afrodescendientes y diversidad cultural en México”.

La académica recordó que en agosto de 2016 se develó la primera placa como sitio de memoria en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, una forma de señalar que las personas africanas y afrodescendientes, conocidas como negras, mulatas, morenas, pardas o prietas, participaron en la construcción de sus palacios, iglesias, casas, conventos y mercados.

Se calcula que, entre los siglos XVI y XVIII alrededor de 250,000 africanos y africanas llegaron a los puertos de Veracruz, Acapulco y Campeche, para ser ocupados en todo el territorio novohispano. A la Ciudad de México arribaron procedentes de las costas del occidente, así como del centro y sur de África, específicamente de las factorías portuguesas de Cabo Verde, Guinea y Santo Tomé.

Inscrito a su vez en el proyecto “La ruta del esclavo”, auspiciado por la UNESCO, y con el apoyo de instituciones de gobierno y de las comunidades, en 2017 se decretaron otros dos sitios de memoria: Cuajinicuilapa, en el litoral del Pacífico guerrerense; y el Puerto de Veracruz y Yanga, en Veracruz, esta última (Yanga) debe su nombre al cimarrón que, en el siglo XVII, fundó esta población libre para la gente de origen africano.

Velázquez destacó la importancia de las comunidades afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, tanto en términos poblacionales como organizativos, pues han luchado por causas como su reconocimiento en la Carta Magna y, por primera vez, la inclusión de la pregunta de auto-adscripción en el censo 2020: “Para poder gestionar los sitios de memoria deben conformarse expedientes y presentarlos ante la UNESCO, en lo cual es fundamental contar con la participación de las comunidades para que estas promulgaciones no solo queden en placas, sino que ellas puedan aprovecharse y tengan actividades económicas ligadas al turismo.

Es así como se ha contribuido a empoderar a estas poblaciones, las cuales además han retomado expresiones que estaban por perderse, un ejemplo es el son de artesa”. La antropóloga concluyó que para mantener iniciativas de este tipo a nivel Latinoamérica se necesita considerar cuatro factores: el involucramiento de las comunidades en las políticas públicas que desarrollan los distintos gobiernos; la apropiación y beneficio de las mismas de las actividades culturales y artísticas; así como el enfoque a largo plazo de estos proyectos (independientemente de cambios administrativos) y su análisis crítico desde un enfoque interdisciplinario.