El impacto de las hostilidades en las instalaciones civiles y humanitarias del noroeste sirio es un claro recordatorio de la importancia de que todas las partes cumplan y garanticen el respeto de las leyes humanitarias internacionales, que estipulan la obligación de hacer siempre la distinción entre civiles y combatientes y entre objetivos civiles y militares.
Las partes enfrentadas en Siria han fallado y no se han apegado a sus obligaciones bajo las leyes internacionales que mandan no atacar los hospitales ni otras instalaciones civiles durante los conflictos armados, dijo este lunes el Secretario General de las Naciones Unidas.
António Guterres envió al Consejo de Seguridad un informe de 185 páginas de la Junta de Investigación de la ONU que da cuenta de ese hallazgo. La Junta fue establecida el pasado 1 de agosto para indagar varios incidentes en el noroeste de Siria contra instalaciones apoyadas por las Organización o bien que forman parte del conjunto de recintos inviolables listados por las Naciones Unidas.
“El impacto de las hostilidades en las instalaciones civiles y humanitarias del noroeste sirio es un claro recordatorio de la importancia de que todas las partes cumplan y garanticen el respeto de las leyes humanitarias internacionales”, dijo Guterres en una carta dirigida al presidente en turno del Consejo, José Singer Weisinger, de la República Dominicana.
Esas normativas estipulan la obligación de hacer siempre la distinción entre civiles y combatientes y entre objetivos civiles y militares, y de dirigir los ataque sólo contra los combatientes y blancos militares, recordó.
“De acuerdo con numerosas informaciones, las partes han contravenido esta disposición”, apuntó el titular de la ONU, quien enfatizó que cualquier medida tomada por los Estados para combatir el terrorismo debe ser consecuente con sus obligaciones según las leyes internacionales humanitarias, de derechos humanos y de refugiados.
La Junta de Investigación, formada por tres integrantes y presidida por el general Chikabidia Obiakor, de Nigeria, fue creada tras varios incidentes ocurridos en el noroeste sirio a partir del 17 de septiembre de 2018, cuando Rusia y Turquía firmaron un memorándum sobre la estabilización del área de Idlib.
El informe y sus recomendaciones, acompañadas por más de 200 apéndices y anexos, le da al Secretario General bases para considerar qué puede hacer con el propósito de proteger y administrar los recursos humanitarios de la Organización en el terreno.
Sin responsabilidades legales
Al preparar el documento, la Junta no atribuyó responsabilidades legales, pero aclaró que no pudo visitar ninguno de los sitios que tenía que investigar porque el Gobierno de Siria no respondió a esa solicitud.
Sin embargo, con información de las agencias de la ONU, las ONG, testigos y otras fuentes, incluidas imágenes satelitales del Instituto de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas (UNITAR), el grupo de expertos determinó los hechos en los seis sitios por indagar.
Con base en los datos que pudo recopilar, la Junta señaló que era “muy probable” que un ataque al Centro de Salud de Rakaya, en la provincia de Idlib, cometido el 3 de marzo de 2019, haya sido cometido por las fuerzas del Gobierno.
Agregó que también era creíble que un daño similar infligido contra una instalación sanitaria de Kafr Nabutha, en la provincia de Hama, perpetrado el 7 de mayo del año pasado, fuera obra del Gobierno y sus aliados.
Con respecto al ataque del 14 de mayo de 2019 al campamento de refugiados palestinos de Nayrab, cercano al aeropuerto de Alepo en el que hubo once muertos y 29 heridos, la Junta dijo que era “probable” que hubiera sido perpetrado por grupos armados de oposición o por Hayat Tahrir al-Sham.
El daño causado el 4 de julio del mismo año al hospital Kafr Nobol en la provincia de Idlib, fue “muy probablemente” realizado por el Gobierno y sus aliados, aunque no hay evidencia suficiente para afirmarlo, reconoce el informe.
La Junta de Investigación añadió que era “altamente probable” que el Gobierno y sus aliados hubieran llevado a cabo un ataque al centro infantil en Ariha, Idlib, el 28 de julio de 2019, si bien aclaró nuevamente no contar con evidencias suficientes para alcanzar una conclusión.
Finalmente, la Junta explicó no habar averiguado un séptimo incidente en el Hospital Nacional As-Suqyalabiyah, en la provincia de Hama, del 26 de mayo pasado porque no está listado ni es respaldado por la ONU.
