Sentencia del Tribunal Electoral sobre Michoacán sienta un peligroso precedente al avalar la injerencia del crimen organizado: Cházaro

Política

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados censuró que las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cedieran ante los poderes fácticos presentes en el pasado proceso electoral federal del 6 de junio y no anularan la contienda de Michoacán donde, se evidenció, hubo clara injerencia del crimen organizado que operó para dar el triunfo al morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, Luis E. Cházaro, coordinador parlamentario del PRD en este recinto legislativo calificó este día como “negro” para Michoacán y el país entero tras la resolución que –incluso- fue aplazada varias veces hasta reconocer que hubo irregularidades e injerencia del crimen organizado; pero no aceptaron anular el proceso. “Habría que preguntarles cuáles fueron los motivos”, fustigó.

“Igual que el gobernador, no compartimos el fallo, pero lo vamos a respetar porque somos un partido de instituciones que las respeta; no obstante, nos parece un sinsentido que, reconociendo que hubo injerencia del crimen organizado y anulando –incluso- algunas casillas y municipios, se recurra al viejo adagio del: ‘Sí robó; pero poquito’ que, en este caso, se traduciría en: ´Sí hubo injerencia, pero no suficiente para anular’. No entendemos entonces –dijo- cuál sería el criterio de las y los magistrados para determinar hasta dónde fue esta intervención”.

Luis E. Cházaro destacó en este contexto que preocupa el futuro no solo de Michoacán y sus habitantes, sino de todo el país pues con esta resolución queda el antecedente de que el crimen organizado puede entrometerse en una elección y nuestros jueces lo convalidan.

El Partido de la Revolución Democrática -anunció- seguirá en la lucha por que esto no continúe. Es un mal precedente del Tribunal reconocer, por una parte, que hubo una injerencia y no anular la elección. Quizá cuando, desde Palacio Nacional, plantearon a las y los magistrados que renunciaran, entendieron que debían renunciar pero a sus principios de impartición de justicia, de objetividad. Lo que vimos ayer fue producto de ese temor de aplicar la ley con toda determinación, remató.