Seguridad y cumplimiento de normatividad, principales demandas en el Primer Foro Regional sobre Doble Remolque

Deporte

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), inauguró el Primer Foro Regional sobre Doble Remolque, para conocer opiniones e inquietudes de transportistas, autoridades y sociedad civil, a fin de tomar una decisión legislativa que refuerce la seguridad vial en las carreteras.

Con este foro inicia una ruta al lado de transportistas, empresarios, sociedad civil y funcionarios, para conformar un criterio que dé una definición clara al tema del doble remolque.

Manifestó que es necesario contar con información para generar una discusión estable, profesional y decidir qué hacer respecto de esta problemática, junto con autoridades ejecutivas, sociedad y quienes recorren las carreteras.

Dijo que hay inquietudes sobre la circulación de los dobles remolques por las carreteras; la aplicación, o no, de la norma; si se debe modificar o no; el porcentaje de accidentabilidad; si la infraestructura tiene capacidad para su circulación; qué medidas, de peso y dimensiones se deben considerar.

De ahí la importancia de tener datos estadísticos adecuados que permitan llegar a un dictamen, que será elaborado después de otros foros. “Estamos preocupados por el tema. En nuestra agenda, uno de los grandes retos es el impacto del autotransporte y la observancia de la norma”.

Expresó que en esta legislatura ha habido diversas propuestas al respecto, que serán dictaminadas luego de escuchar a los actores involucrados, discutidas en comisión y, posteriormente, en el pleno.

Señaló que se tienen diferentes iniciativas sobre este tema: de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, de MC, del diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM), y de la diputada Hortensia María Luisa Noroña, del PRI, así como de Javier Borrego y Samuel Herrera Chávez, ambos de Morena.

El problema “ha permanecido flotando, y lo que pasa es que no hemos generado un cambio como Legislativo, pero es precisamente lo que queremos provocar con esta serie de foros, que se  mueva y que se mueva hacia adelante, con la comprensión de cada uno de los sectores que vamos a intervenir”.

Se presentará una ruta para llegar a un destino donde las cosas y las leyes cambien para el bien y la seguridad de quienes están en las carreteras, así como del sector donde se generan alrededor de dos millones de empleos.

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) dijo que además de una nueva ley de trasporte que garantice la seguridad de las carreteras, es necesario cumplir las leyes ya existentes. Planteó buscar una solución a largo plazo y tomar las medidas necesarias para que el doble remolque no sea un imperativo de transporte, sino que se impulsen otras modalidades y fortalezca la infraestructura. “Si logramos una medida gradual y acordada por todos, es mejor”.

De la misma bancada, el diputado Samuel Herrera Chávez consideró que los vehículos doble remolque deben ser regularizados drásticamente para que cumplan los estándares internacionales y no afecten infraestructura. Solicitó que al dictaminar las iniciativas sobre su circulación se tomen en cuenta las propuestas que hizo en otras legislaturas, que no se dictaminaron “por intereses que no permitieron su regularización”.

Por MC, el diputado Higinio Del Toro Pérez, secretario de esta Comisión, propuso analizar y revisar profundamente la viabilidad del doble remolque y extremar medidas a través de una Ley General de Transporte. Se pronunció por impulsar la aplicación y el cumplimiento del marco normativo actual.

El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez (PVEM) manifestó su preocupación por el tema de la seguridad de estas unidades.  “Está reglamentado pero desafortunadamente en México, autoridad, prestadores y usuarios debemos evitar la corrupción”. Pidió hacer un esfuerzo para hacer las cosas lo mejor posible, y que se revise la implantación de esa normatividad. Luego se vería, continuó, si se prohíben y cómo llegar a una propuesta que obligue a tener más orden y cumplir con regulación y normas.

El diputado Emilio Manzanilla Téllez (PT), secretario de la Comisión, indicó que no hay condiciones en muchas carreteras para la operación de estos tráileres. Apuntó que no se puede “actuar a raja-tabla”, por lo que se debe analizar por dónde podrían circular y por dónde no, “que es en la mayoría”.

La secretaria de la Comisión, Juana Carrillo Luna (Morena), expresó que no se trata de acabar con este tipo de transporte, porque muchas personas viven de él. Planteó que en los próximos foros se llegue con una agenda más definida en la que cada representante dé puntos de vista específicos.  Pidió invitar al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para saber cómo realizarán el cuidado y vigilancia de las carreteras en el marco de la Guardia Nacional.

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (PAN), también secretario de la Comisión, se pronunció por soluciones que den certeza económica y jurídica a empresarios y usuarios. Destacó que lo principal es la seguridad de las personas y aunque los accidentes no se puedan eliminar por completo, deben reducirse al mínimo y para tener una mejor calidad de vida. Pidió cuidar la infraestructura para destinar más recursos a la construcción de nuevas carreteras.

Por el grupo parlamentario de Morena, el diputado Francisco Javier Borrego Adame, secretario de la Comisión, aseguró que en “esta legislatura no haremos juego de intereses; haremos el trabajo de cumplirle a la sociedad, que reclama seguridad en carreteras”. Pidió hacer análisis serio y una valoración de lo que se ha expuesto, porque la seguridad está por encima de cualquier interés, organización o participación. Solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes mayor supervisión de seguridad y una revisión permanente de la norma en carreteras.

Al hacer uso de la palabra, el director general de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Salomon Elnecavé Korish, explicó la importancia de esta modalidad en el país y las especificaciones que debe cubrir un camión doble remolque para circular por las carreteras.

Precisó que el transporte es un factor determinante en los costos de producción y distribución de bienes y servicios y ocupa el quinto lugar entre las actividades económicas del país. En el ámbito nacional el autotransporte representa 5.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y se estima que genera 2.1 millones de empleos directos.

Además, participa con 83 por ciento del PIB del transporte, que representa más de un billón de pesos.

Informó que en 2018, el 78 por ciento del comercio entre México y Estados Unidos, que alcanzó los 535 mil 328 millones de dólares, se realizó por autotransporte, y que a enero de este año, el parque vehicular alcanzó el millón 115 mil 456 unidades, donde el servicio de carga participó con 88.3 por ciento, y el de pasaje y turismo con 11.7 por ciento.

A ese mismo mes las licencias vigentes fueron 699 mil 983, de la cuales 58.7 por ciento; es decir 411 mil 166, fueron tipo B “Carga en General”; 124 mil 650 licencias federales tipo “E”, que correspondieron a operadores de materiales peligrosos; 15 mil 186 para carga general y 129 mil 588 para pasaje y turismo.

Refirió que el peso bruto vehicular máximo autorizado que puede llevar un camión de doble remolque es de 75.5 toneladas; deben cumplir con diversas especificaciones técnicas y de circulación.

Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Trasportistas AC, (AMOTAC), señaló que existe una competencia desleal para la operación de hombres-camión. Pidió que los pequeños y medianos empresarios no sean “medidos con la misma vara” que las grandes empresas, para no favorecer intereses de quienes han demostrado la inseguridad de sus unidades.

Agregó que existe una actividad del transporte irresponsable cuya supervisión tiene condiciones que favorecen a los grandes transportistas. “Mientras haya facilidad de trajes a la medida y una Policía Federal que no hace su trabajo y sólo se ha dedicado a proteger intereses de grandes transportistas, el único que sufrirá los embates de la supervisión son los pequeños transportistas”.

El presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Alex Theissen Long, indicó que eliminar estos tráileres en lugar de promoverlos contribuirá a aumentar la contaminación. Pidió que se elabore una Ley de Seguridad Vial que incluya la creación de un observatorio que revise lo que pasa y establezca las medidas para evitar accidentes.

Además, dijo, hay que tener un sistema de auto-regulación que asegure el cumplimiento de la norma; asimismo, el sistema nacional de seguridad vial deberá abarcar aspectos técnicos, humanos y culturales para una operación eficiente en todas las modalidades del transporte de carga, no sólo en la de doble remolque.  Además, que se mejore el control del doble remolque a través de nueva tecnología.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones Y Tractocamiones (ANPACT), dijo que México es el primer exportador de tractocamiones; cuarto en exportación de vehículos pesados y sexto lugar en producción de vehículos de carga. El impacto económico es la generación de 84 mil empleos, 18 mil directos y genera el 1.3 por ciento del PIB manufacturero y se cuenta con los más altos estándares de seguridad en la fabricación.

Propuso impulsar el uso de dispositivos de seguridad en todas las configuraciones vehiculares no sólo los que se registran en la SCT, sino todos los vehículos comerciales que se importen o comercialicen aquí.  “Necesitamos que todos los vehículos pesados cuenten con medidas de seguridad obligatorias como los que menciona la norma de pesos y dimensiones, y eso se debe concretar en una Ley de Seguridad Vial”.

Es fundamental el cumplimiento de todo el marco regulatorio, el de pesos y dimensiones, de las condiciones físico mecánicas de las unidades y las implicaciones ambientales para incrementar la seguridad.

El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) Elías Dip Ramé, pidió dar seriedad a este foro para que los comentarios que se viertan vayan de acuerdo con el país en que vivimos.

Señaló que es necesaria la participación de la Policía Federal, “principal responsable de todas las fallas, porque si todos respetáramos la ley no tendríamos accidentes. Lástima que hagan el papel de avestruz y no estén aquí; da muy mala imagen”.

Cuestionó cómo se enfrentarán los problemas del sector si hay un presupuesto menor para SCT, casi en todas sus áreas; no tiene personal adecuado que cubra las necesidades.

Apuntó que la seguridad de las carreteras es responsabilidad de empresarios y autoridades. Destacó la necesidad de revisar las normas y su aplicación; contar con mejor infraestructura, conservar la red carretera y reestructurar los organismos consultivos para darles más credibilidad.

El presidente Nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique Armando González Muñoz, afirmó que el transporte representa casi cuatro por ciento del PIB, y mueve en doble remolque 191 mil 450 toneladas de mercancías, por lo que es necesario que continúe esa configuración, pero regulada.

Explicó que otro problema que enfrenta el sector es la falta de conductores, que prefieren irse a los Estados Unidos. Planteó capacitar operadores, desarrollar tecnología moderna y actualizar el parque vehicular.

Es indispensable que no haya sobre-regulación y que la norma sea congruente y general. Además expresó que es necesaria la corresponsabilidad entre quienes ofrecen el servicio y quienes lo solicitan y propician la carga. “Si somos sancionados los dos, tendremos más cuidado y precaución”.

Asistieron también Mónica Paola Mostalac, de la Secretaría de Economía; Gildardo López Hernández, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Jesús Manuel Chavarría Vega, del Instituto Mexicano del Transporte; David Reyna Cantú, de Transporte de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León; Felipe de Javier Peña Dueñas, de la Confederación de Cámaras Industriales; Salvador Saavedra, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, y Alejandro Floresmeyer Villar, de la sociedad civil.