Se confirma la resolución del Tribunal local que validó la modificación del IMPEPAC respecto a las ministraciones mensuales de MORENA

Al resolver el Juicio de Revisión Constitucional Electoral 285 del año 2018, la Sala Regional Ciudad de México confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que validó la modificación hecha por el IMPEPAC al calendario de ministraciones mensuales de financiamiento público local a MORENA, derivado de las sanciones que le impuso el INE.

Lo anterior al considerar que no le asiste la razón al partido inconforme al argumentar que el Tribunal local no observó lo que ordenó esta Sala Regional en la resolución de un Recurso de Apelación previo ya que para individualizar la sanción tomó en cuenta el 150% del total del monto involucrado y no el 100% como según MORENA debía ser; por lo que el Instituto local debió considerar dicho porcentaje para la ejecución de las sanciones.

Sin embargo, la Sala Regional estimó que lo decidido por el Tribunal local en la sentencia impugnada no se contradice con lo resuelto en el Recurso de Apelación, aunado a que no combaten las razones que dio el tribunal local en su sentencia.

Además, si bien el partido manifestó que no consintió la resolución del INE relativa a las sanciones, dicha resolución -a pesar de haber sido emitida en cumplimiento de una sentencia-, constituyó un nuevo acto contra el que debió inconformarse, si en su concepto estaba indebidamente dictado e iba más allá de lo ordenado por la Sala Regional.

Se ordena nueva resolución relacionada con la sanción impuesta a la Auditoría Superior de Guerrero

En el Juicio Electoral 1 del año en curso, la Sala Regional Ciudad de México revocó la multa que el magistrado titular de la Tercer Ponencia del Tribunal Electoral de Guerrero impuso a la Auditoría Superior del propio estado, por el incumplimiento a un requerimiento formulado en la sustanciación de un medio de impugnación.

Lo anterior ya que el magistrado se limitó a establecer que se había incumplido su requerimiento, sin tomar en consideración la imposibilidad jurídica expuesta por la autoridad requerida, además de no haber precisado los parámetros utilizados para establecer que la multa impuesta era proporcional y adecuada a la supuesta infracción.

En consecuencia, se ordenó la emisión de un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado.