El Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) informa que este día recibió la notificación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en la que se confirma la sentencia sobre desvío de recursos contra la secretaria general de esta organización sindical, Adriana Urrea, por la cantidad de dos mil 400 pesos.
Ante ello, se tomarán las acciones legales correspondientes y se interpondrá la demanda de amparo, toda vez que nunca se cometió tal delito, sino que forma parte de la estrategia de criminalización y persecución política por encabezar la huelga en Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, que esta semana cumplió 31 meses vigente.
En abril de este año, el SutNotimex conoció la resolución del TFJA en la que se determinó la existencia de la falta administrativa grave de desvío de recursos atribuida a la secretaria general del sindicato, por lo que se impuso una “sanción administrativa consistente en la suspensión del empleo, cargo o comisión por treinta días naturales y una sanción económica por la cantidad de $2,416.03 (dos mil cuatrocientos dieciseis pesos con tres centavos moneda nacional) más 1.00 (un peso con ceros centavos moneda nacional)”.
Sin embargo, toda vez que nunca se cometió tal falta, se recurrió al recurso de apelación; no obstante, el tribunal confirmó esta sentencia. Por ello, ahora se procederá a la demanda de amparo, debido a que no existen los elementos que comprueben que se cometió dicha falta.
La cantidad que se atribuye al desvío de recursos corresponde a unos viáticos de apoyo otorgados a la secretaria general, en su cargo de reportera, los cuales no se le permitieron comprobar porque fue despedida al asumir la representación sindical; se trata de una persona de base que nunca tuvo acceso al manejo financiero de la empresa o que tomara decisiones sobre el uso del recursos, por lo que la acusación es falsa y confirma la estrategia de criminalización y persecución política contra
la dirigente con motivo de la huelga.
La huelga en Notimex estalló el 21 de febrero de 2020; en tanto, las acusaciones contra la secretaria general se presentaron en septiembre de ese mismo año. Hay que recordar que ésta es una de las dos demandas administrativas que la empresa presentó contra Urrea Torres. En enero de 2022, la Secretaría de la Función Pública determinó que no había responsabilidad administrativa sobre una de ellas y queda pendiente esta demanda que fue turnada al TFJA.
