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Se debe erradicar la violencia contra las mujeres que viven en reclusión: Ministra Norma Lucía Piña Hernández

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La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que el Alto Tribunal a través de la Unidad de Género reitera su compromiso de no abandonar a las mujeres en reclusión y hacer que se respeten sus derechos en los términos que mandata la Constitución, tras presentar el Informe “Mujeres privadas de libertad”, elaborado por el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación Contra las Mujeres y Niñas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Norma Lucía Piña Hernández, también Presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación (PJF), indicó que este Informe es un avance fundamental e indispensable para continuar erradicando la violencia contra las mujeres en reclusión.

En el acto, celebrado en el auditorio José María Iglesias del edificio sede de la SCJN, la Ministra Piña Hernández señaló que la situación de las mujeres en reclusión y su vida fuera y dentro de la cárcel es alarmante: “Son víctimas de violencia día con día y enfrentan obstáculos inimaginables para poder ejercer sus derechos más básicos, estamos en deuda con ellas”, subrayó.

La Ministra Piña Hernández estuvo acompañada en el presídium por Arturo Bárcena Zubieta, Director General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la SCJN; Alda Facio e Ivana Radačić, del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación Contra las Mujeres y Niñas de la Organización de las Naciones Unidas.

El Grupo de Trabajo sobre la Discriminación Contra las Mujeres y Niñas de la ONU, como parte de sus actividades, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su más reciente informe temático (A/HRC/41/33) dedicado a Mujeres privadas de libertad.

En dicho informe analiza las causas de privación de libertad de las mujeres desde una perspectiva de género para comprender la forma en que la privación de libertad afecta a las mujeres de manera singular y desproporcionada, debido a la discriminación estructural de que son objeto a lo largo de todo su ciclo vital.

Para su elaboración, el Grupo de Trabajo llevó a cabo consultas con diferentes partes interesadas como Gobiernos, Sociedad Civil, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos e Instituciones Académicas y de Investigación.

El informe contiene recomendaciones para ayudar a los Estados a concebir y aplicar medidas integrales encaminadas a la transformación jurídica, institucional, social y cultural.